Mientras Aida Marina Quilcué Vivas se presenta ante Colombia como la voz de los indígenas pobres, de los excluidos y de las víctimas del conflicto, su familia ha acumulado cientos de millones de pesos en contratos con el Gobierno de Gustavo Petro. La líder nasa, que tanto habla de “pueblo”, “resistencia” y “dignidad”, vive y hace vivir a los suyos de la teta del Estado que tanto critica cuando no le conviene.
El sueldo de la “pueblo excluido”
Como senadora de la República (2022-2026), Aida Quilcué recibe aproximadamente 51.6 millones de pesos mensuales (brutos). Esto incluye sueldo básico, gastos de representación y la famosa prima especial de servicios.
Sí, más de 51 millones al mes. Mientras miles de indígenas en el Cauca viven sin agua potable, sin carreteras y bajo la amenaza constante de los grupos armados, la “mayora” cobra un sueldo que la mayoría de colombianos ni siquiera sueña. Y eso sin contar los contratos millonarios que ha logrado para su círculo cercano.
La red familiar de contratos: más de $869 millones
Según una detallada denuncia del abogado Santiago Henao, basada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), familiares directos de Aida Quilcué han recibido más de 869 millones de pesos en contratos durante el gobierno Petro, en su mayoría por contratación directa.
Los principales beneficiarios:
- Mayerli Alejandra Legarda Quilcué (su única hija): Alrededor de $130 millones con la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Entre los contratos más recientes: $77 millones (enero a diciembre 2026) para “apoyo a procesos posfallo”, además de otros por $29 millones, $24 millones y más en años anteriores. Todo en Comunicación Social, su profesión.
- Karen Yisel Hernández Quilcué: Cerca de $445 a 475 millones en contratos con la Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cultura.
- Kelly Johana Quilcué Vivas (otra familiar cercana): Alrededor de $264 millones, incluyendo contratos con el Ministerio de Ambiente ($116 millones), Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Estos no son contratos menores. Son cientos de millones de pesos pagados con recursos de todos los colombianos, adjudicados de forma directa, sin mayor competencia.
La hipocresía en su máxima expresión
Esta es la misma mujer que llora por el “pueblo excluido”, que habla de resistencia ancestral, que se victimiza constantemente y que ahora aspira a ser Vicepresidenta de Colombia junto a Iván Cepeda.
¿Cómo es posible que alguien que se dice representante de los más pobres tenga a su familia cobrando cientos de millones del Estado? ¿Dónde queda esa “dignidad indígena” cuando se usa el cargo público para favorecer a los suyos?
Aida Quilcué no es una víctima más. Es una política profesional que ha convertido el discurso de la exclusión en un excelente negocio familiar. Mientras predica contra el “sistema” y los “ricos”, ella y los suyos se han acomodado muy bien dentro de ese mismo sistema.
No hay nada de “pueblo excluido” en recibir 51 millones al mes como senadora y repartir casi 900 millones entre la familia. Eso no es lucha social. Eso es clientelismo puro y duro disfrazado de minga.
Colombia merece saber la verdad antes de poner a esta señora a un paso de la Vicepresidencia. Porque si esto es lo que hace como senadora, imaginemos lo que sería capaz de hacer con más poder.