En el fragor de la precampaña electoral colombiana, con las legislativas del 8 de marzo de 2026 a la vuelta de la esquina, el presidente Gustavo Petro ha intensificado una campaña de cuestionamientos sistemáticos contra el registrador nacional, Hernán Penagos, centrada en el código fuente del software de preconteo y escrutinio. Lo que podría interpretarse como una legítima preocupación por la transparencia se revela, al examinar los hechos con rigor periodístico, como una escalada retórica desproporcionada, recurrente en momentos de adversidad política para el mandatario y su coalición.
El patrón recurrente de desconfianza
Desde que Petro asumió la presidencia en 2022 elegido precisamente bajo el mismo sistema que ahora critica con vehemencia, ha mantenido una narrativa de desconfianza hacia la Registraduría cada vez que las encuestas o los vientos electorales no le son favorables. En esta ocasión, sus publicaciones en X repiten el mantra de que “mostrar unas letras y números” no equivale a auditoría real, exigiendo la entrega inmediata del código fuente completo a expertos partidistas independientes, bajo amenaza de convocar movilizaciones populares si no se cumple.
Sin embargo, esta exigencia ignora o minimiza deliberadamente el amplio paquete de medidas de blindaje implementadas por Penagos, que superan con creces los estándares habituales en procesos electorales latinoamericanos.
Medidas de transparencia sin precedentes bajo Penagos
Bajo la dirección de Hernán Penagos, la Registraduría ha ejecutado acciones concretas y verificables:
- El 25 de febrero de 2026 se llevó a cabo la exposición pública del código fuente de los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de resultados, con participación directa de auditores designados por partidos políticos, delegados de la Procuraduría, la Contraloría, misiones de observación internacional (incluido el Centro de Asesoría y Promoción Electoral – CAPEL, con amplia trayectoria regional) y medios de comunicación.
- Penagos presentó formalmente el código fuente al procurador general Gregorio Eljach, y anunció su entrega en custodia oficial a la Procuraduría como garantía adicional de integridad.
- Se implementará el “congelamiento” técnico del código fuente la próxima semana, en presencia de todas las partes interesadas: se generará un código hash (huella digital única e inalterable) que será entregado a organizaciones políticas y observadores. El día de la elección, cualquier ejecución del software deberá coincidir exactamente con ese hash, certificando que no ha habido modificaciones.
- El proceso cuenta con auditorías internacionales independientes, biometría avanzada en puestos de votación, más de 860.000 jurados de mesa, 9.300 jueces en escrutinios zonales, millones de testigos electorales potenciales (los partidos pueden designar uno por mesa) y la publicación inmediata de las actas físicas E-14, que cualquier ciudadano o campaña puede fotografiar y contrastar con los resultados divulgados.
Penagos ha sido claro y contundente al afirmar que “el verdadero fraude electoral está por fuera de la Registraduría”: compra de votos, coerción en territorios, trashumancia o irregularidades en la inscripción. El software, insiste, solo consolida datos de actas verificables manualmente; no genera votos ni los altera sin dejar rastro físico detectable por múltiples ojos.
La estrategia del alarmismo político
Frente a este despliegue institucional, las acusaciones de Petro que evocan supuestos fraudes de 2014 o “mesas fantasma” de 2022 sin aportar evidencia nueva ni reconocer que él mismo resultó ganador bajo ese esquema adquieren un tono alarmista y polarizante. El llamado explícito a “movilizarse para cuidar el voto” si no se satisfacen sus demandas específicas huele a estrategia de deslegitimación anticipada: generar un clima de desconfianza que facilite cuestionar resultados adversos y movilizar bases mediante narrativas de victimización.
En democracia madura, la crítica constructiva fortalece las instituciones; la exageración sistemática y el recurso permanente al drama público las debilita. Hernán Penagos no ha rehuido el escrutinio: lo ha promovido activamente, elevando los umbrales de verificación y abriendo puertas a todos los actores. Colombia no necesita más ruido ni convocatorias a la calle basadas en especulaciones; necesita que sus líderes confíen en el voto ciudadano y en las salvaguardas ya existentes, en lugar de erosionar la credibilidad del proceso cada vez que el panorama electoral se complica.
El registrador, con profesionalismo y firmeza, está cumpliendo su deber constitucional. El presidente, en cambio, parece más interesado en mantener viva la polémica que en contribuir a unas elecciones serenas y creíbles. Los hechos hablan por sí solos: el sistema está blindado; lo que falta es voluntad política para reconocerlo.