En un dispensario de medicamentos operado por Droguerías Cafam en el barrio Los Caobos de Cúcuta, Cecilia Quintero, una mujer de aproximadamente 70 años, falleció repentinamente mientras reclamaba tratamientos médicos esenciales que no habían sido entregados durante meses. Quintero, paciente renal crónica, grabó un video momentos antes de desplomarse, denunciando la falta de suministros para ella, su esposo y su hijo con discapacidad. Este incidente no es aislado, sino un síntoma de la grave ineficiencia en el sistema de salud colombiano, particularmente en Nueva EPS, la mayor entidad prestadora de servicios de salud del país, intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024. La muerte de Quintero ha generado indignación nacional, destacando cómo las demoras en la entrega de medicamentos pueden tener consecuencias fatales, y pone en evidencia la responsabilidad directa del Gobierno en el deterioro del sistema.
Detalles del Caso de Cecilia Quintero
Cecilia Quintero llegó al dispensario alrededor de las 6:00 a.m. del 24 de febrero de 2026, con la esperanza de obtener medicamentos pendientes desde septiembre de 2025. En el video que se viralizó, Quintero explicó que necesitaba eritropoyetina para su condición renal, rivaroxabán y propafenona para su esposo con problemas cardíacos, y pañales junto con metadona para su hijo en silla de ruedas. Denunció que los funcionarios le decían repetidamente que no había disponibilidad, y mencionó haber visto ventas irregulares de estos insumos fuera del sistema institucional. Mientras dialogaba con una empleada y expresaba su frustración, se desvaneció, y pese a los esfuerzos de testigos y personal, falleció en el lugar, posiblemente por un infarto agravado por el estrés.
Familiares confirmaron que el corazón le falló debido a la acumulación de tensiones por las constantes demoras. Trágicamente, este no es el primer deceso en su familia: dos hermanos de Quintero también murieron en los últimos meses esperando medicamentos de Nueva EPS. Droguerías Cafam lamentó el hecho y activó protocolos de emergencia, mientras Nueva EPS solicitó investigaciones por parte de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, el caso ha sido calificado como una «emergencia humanitaria» que refleja el colapso operativo del sistema.
Video: Obtenido de Prensa Llanera
Ineficiencias Crónicas en Nueva EPS
Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, ha enfrentado una escalada de problemas operativos y financieros desde su intervención por el Gobierno. Las quejas contra la entidad aumentaron un 107% en 2025, superando las 14.600, según la Defensoría del Pueblo. En departamentos como Huila, el incremento fue del 564%, pasando de 39 a 259 reclamos en un año. Los usuarios reportan retrasos en medicamentos, autorizaciones y procedimientos, lo que ha llevado a protestas y cierres de servicios por parte de clínicas debido a deudas impagas.
Financieramente, la situación es alarmante: la deuda creció un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos colombianos. El patrimonio pasó de positivo a un déficit de 6,25 billones, calificado por la Contraloría como «inviabilidad estructural». Además, hay rezagos en facturación con 22 millones de facturas sin procesar, y el costo de prestación supera los ingresos en un 95,6%. Gestores farmacéuticos han suspendido servicios por incapacidad de pago, exacerbando la crisis. La intervención no ha mejorado indicadores; al contrario, ha profundizado el «caos operativo», según informes de entes de control.
La Responsabilidad del Gobierno: Intervención Fallida y Ausencia de Soluciones
La intervención de Nueva EPS por el Gobierno de Gustavo Petro en abril de 2024 se justificó por irregularidades y deudas, pero los resultados han sido contraproducentes. Pese a afirmaciones presidenciales de que «la salud va bien», las cifras muestran el peor momento histórico de la entidad. La Contraloría advierte que las intervenciones estatales no han estabilizado el sistema, con un riesgo de crisis general que podría alcanzar el 60,4% en 2026 si no hay correctivos. Cambios frecuentes de interventores (hasta cuatro veces en algunos casos) y denuncias de malos manejos administrativos han agravado la situación.
El Gobierno ha propuesto traslados masivos de afiliados a un modelo territorial, pero entes como la Procuraduría señalan que no resuelve la crisis estructural y expone a millones a riesgos mayores. Esta gestión deficiente es responsabilidad directa del Ejecutivo, que controla Nueva EPS y no ha evitado muertes prevenibles por falta de medicamentos
Paralelismos con Otros Casos: El Trágico Ejemplo del Niño con Hemofilia
El caso de Quintero no es único. Similarmente, en febrero de 2026, Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia A severa, falleció tras esperar dos meses el medicamento Emicizumab de Nueva EPS. Acosta sufrió una hemorragia interna tras caer de su bicicleta, agravada por la ausencia del tratamiento preventivo. Su madre, Katherine Pico, denunció retrasos en autorizaciones y entregas, pese a que los fondos habían sido girados.
En lugar de asumir responsabilidad, el presidente Petro culpó a la madre por permitirle montar bicicleta, afirmando que niños con hemofilia deben estar «restringidos» y que «si no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos». El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, secundó esta postura. Estas declaraciones generaron fuertes críticas, ya que expertos pediátricos confirmaron que, con el medicamento adecuado, los niños con hemofilia pueden realizar actividades normales como montar bicicleta. Organizaciones y la opinión pública rechazaron esta evasión de culpa, enfatizando que la muerte fue por la falta de medicamento, no por la actividad infantil. Este patrón de culpabilizar a las víctimas en lugar de abordar fallas sistémicas bajo control gubernamental es inaceptable y debe cesar.
La muerte de Cecilia Quintero es una tragedia evitable que expone las ineficiencias de Nueva EPS y el fracaso de la intervención gubernamental. Con deudas millonarias, quejas en aumento y muertes por demoras en medicamentos, el Gobierno debe asumir su responsabilidad en lugar de desviar culpas, como en el caso de Kevin Acosta. Es imperativo implementar reformas estructurales urgentes, transparentes y efectivas para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos, evitando que más familias sufran pérdidas irreparables. Entes de control como la Contraloría y la Defensoría deben intensificar su vigilancia, y el Ejecutivo debe priorizar soluciones concretas sobre retórica.