Un escándalo de violencia de género ha salpicado directamente al Ministerio de Salud y Protección Social del gobierno de Gustavo Petro. Nelson David Hernández Pinto, actual subdirector de Infraestructura de la cartera, es acusado por su expareja, Verónica Córdoba quien también labora en la misma entidad, de haberla agredido físicamente y psicológicamente. La denuncia, respaldada por un video y fotografías de lesiones, fue hecha pública por la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), quien exigió acciones inmediatas.
El incidente y las evidencias clave
Según la denuncia presentada por Córdoba y difundida por Juvinao en su cuenta de X, Hernández Pinto habría causado heridas visibles en piernas, brazos y espalda a su expareja durante un episodio de violencia. La víctima enfatizó en su declaración: “No fue un accidente, no fue un malentendido, no fue mi culpa. Denuncio porque merezco respeto, porque callar protege al agresor y porque ninguna mujer debería normalizar la violencia. Estoy priorizando mi vida, mi integridad y mi dignidad”.
El elemento central de la prueba es un video grabado por la propia Córdoba, de aproximadamente 2 minutos, que muestra un episodio de alta tensión emocional y física. En la grabación, Hernández Pinto aparece alterado, repitiendo frases como “Me desequilibras, me desequilibras” y expresando deseos suicidas: “Quiero morir. Quiero morir. No quiero seguir viviendo. Me quiero morir. No soy tan valiente para hacerlo. No quiero más, no quiero estar más en este puto mundo”. En un momento, se acuesta en el suelo y se golpea a sí mismo, mientras Córdoba intenta calmarlo y le pide que se vayan. Posteriormente, él le dice: “Ven para acá. Yo no soy así, yo no he estado así. No sé lo que me está pasando. Yo hace mucho tiempo estoy con mucha presión”.
La representante Juvinao publicó el material con autorización expresa de la víctima, acompañándolo de fotos que muestran moretones y golpes en diferentes partes del cuerpo. La congresista señaló: “Publicamos estas imágenes por solicitud de la víctima y exigimos las acciones correspondientes por parte de las autoridades, así como una investigación inmediata del ministro @GA_Jaramillo y la separación del cargo como medida cautelar de protección a la vida e integridad de Verónica, dado que ella también trabaja en la entidad y está siendo revictimizada”.
Antecedentes y difusión
La denuncia no es nueva del todo: a inicios de febrero de 2026, el activista y periodista digital David Rozo (@DonIzquierdo_) ya había compartido en X una captura de la publicación original de Córdoba, alertando sobre “presuntos hechos de violencia contra su esposa” y usando el hashtag #ElSilencioEsComplicidad. Varias cuentas replicaron el mensaje exigiendo que el Ministerio de Salud actuara, argumentando que “la violencia contra las mujeres no es un asunto privado” y que es incompatible con un cargo público en una entidad que promueve la salud y el bienestar.
Hasta la publicación del artículo de Infobae y la denuncia de Juvinao el 26 de febrero, el caso había ganado tracción en redes, con llamados a la Fiscalía y la Procuraduría para investigar con enfoque de género y evitar revictimización institucional.
Respuestas institucionales (por ahora, silencio)
La Fiscalía General de la Nación confirmó contacto con la víctima para avanzar en la investigación, pero no hay pronunciamientos públicos detallados. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ni el Ministerio han emitido respuesta oficial al cierre de esta nota. Juvinao exigió explícitamente al ministro una investigación interna y la separación inmediata de Hernández Pinto del cargo como medida cautelar. También instó a la Procuraduría a actuar con celeridad.
Crítica al gobierno Petro: ¿coherencia en la lucha contra la violencia de género?
Este caso pone en evidencia una contradicción flagrante en el gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho de la equidad de género y la protección a las mujeres uno de sus pilares discursivos. Desde la campaña de 2022, Petro ha prometido erradicar el machismo y la violencia intrafamiliar, pero la permanencia hasta ahora de un funcionario señalado de agresión física y psicológica en un ministerio clave genera preguntas serias.
Es inaceptable que un presunto maltratador lidere la Subdirección de Infraestructura en una entidad que debe ser ejemplo de integridad y cuidado. Peor aún cuando la víctima trabaja en el mismo lugar, exponiéndose potencialmente a más riesgos. Como lo expresó Juvinao: “Es inaceptable que este tipo de funcionarios sean los que lideren el ministerio que debe velar por la salud de las y los colombianos. Un caso más que evidencia la misoginia, el machismo y la violencia contra las mujeres que abunda entre los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.
Si el gobierno no actúa con rapidez –separando al funcionario, investigando a fondo y protegiendo a la víctima–, reforzará la percepción de que sus discursos feministas son solo retórica, mientras en la práctica se toleran conductas incompatibles con el cargo público. Colombia registra miles de denuncias anuales por violencia intrafamiliar; casos como este en el sector estatal no hacen más que erosionar la confianza en las instituciones.