En medio de un debate acalorado sobre la reforma pensional en Colombia, el Ministerio del Trabajo publicó el 24 de febrero de 2026 un borrador de decreto que busca transferir más de 25 billones de pesos desde las cuentas de ahorro individual administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas hacia Colpensiones, el régimen público de pensiones. Esta medida se basa en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (la reforma pensional), que permite a ciertos trabajadores una «ventana de oportunidad» para trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas por presuntamente contradecir el espíritu de la ley, que exige que estos recursos se ahorren hasta la edad de pensión en un fondo administrado por el Banco de la República.
Detalles del Proyecto de Decreto
Según el documento publicado por el Ministerio del Trabajo, las AFP (como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) tendrían que girar a Colpensiones la totalidad de los saldos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados que optaron por el traslado, incluyendo los rendimientos financieros generados hasta la fecha de la transferencia. El plazo para esta operación sería de solo 15 días hábiles después de la expedición del decreto.
La reforma pensional original estipula que estos fondos deben mantenerse en reserva y solo trasladarse al fondo de ahorro del Banco de la República al momento de la jubilación, para garantizar su preservación y uso exclusivo en pensiones. En cambio, el decreto propone un traslado inmediato a Colpensiones, lo que, según analistas, liberaría recursos presupuestales equivalentes en el gobierno para destinarlos a otros fines, como cubrir déficits fiscales. Esto ocurre en un contexto de tensiones económicas, con el gobierno enfrentando presiones por el gasto público y aproximándose elecciones.
Implicaciones Económicas y para el Sistema Pensional
Este traslado podría proporcionar liquidez inmediata al gobierno, estimada en alrededor de 25 a 27 billones de pesos, ayudando a «cuadrar caja» en el corto plazo. Sin embargo, expertos advierten que crea un «hueco actuarial» futuro: al usar ahorros pensionales para gasto corriente, se incrementa el pasivo pensional del Estado, lo que podría traducirse en mayores impuestos o recortes en beneficios a largo plazo.
Además, al desviar los fondos del Banco de la República una entidad independiente, se pierde la garantía de una administración neutral y enfocada en rendimientos estables. Esto podría erosionar la confianza en el sistema pensional, desincentivar el ahorro privado y aumentar la dependencia del Estado, potencialmente llevando a un monopolio público similar al antiguo Instituto de Seguros Sociales.
Críticas al Gobierno: ¿Una Medida Ilegal e Irresponsable?
El gremio Asofondos, que representa a las AFP privadas, ha sido el más vocal en su oposición. Su presidente, Andrés Velasco, califica el decreto como «contrario a la ley» y un «problema nacional», argumentando que permite al gobierno utilizar ahorros pensionales de manera no prevista por el Congreso, liberando recursos presupuestales para otros usos. Asofondos enfatiza que estos fondos pertenecen a los trabajadores y no al Estado, y que el traslado exprés ignora la obligación legal de preservarlos hasta la pensión.
Desde el ámbito académico y político, figuras como el economista Jorge Restrepo han advertido que el gobierno busca «apropiarse del ahorro pensional» de forma irreversible, calificándolo como una «malísima» interpretación de la ley de pilares. El exministro José Manuel Restrepo Abondano va más allá, sugiriendo que podría configurarse una «cuasi confiscación» de ahorros, desincentivando inversiones y elevando costos crediticios al politizar la administración de recursos. Representantes opositores como Andrés Forero del Centro Democrático han llamado a demandar el decreto si se firma, acusando al gobierno de Petro de actuar «en contra de la ley» y «por todo, incluidos los ahorros pensionales», especialmente cerca de elecciones.
Otras voces, como la analista Jerome, critican que esto consolida un «monopolio estatal» en pensiones, preguntando quién responderá por los afiliados afectados. Lucas Pombo añade que el efecto será un alivio fiscal temporal para el gobierno, pero a costa de futuros impuestos para todos los colombianos. Hasta ahora, no se han registrado defensas públicas significativas del decreto por parte del gobierno, aunque el Ministerio del Trabajo lo presenta como una reglamentación necesaria del artículo 76.
Un Debate Abierto con Riesgos Latentes
Este proyecto de decreto resalta las tensiones en la implementación de la reforma pensional, suspendida parcialmente por la Corte Constitucional. Si se aprueba, podría proporcionar oxígeno fiscal al gobierno de Gustavo Petro, pero a expensas de la sostenibilidad del sistema y la confianza de los ahorradores. Las críticas destacan un posible abuso de poder ejecutivo, priorizando necesidades inmediatas sobre la preservación de fondos privados. Se recomienda monitorear las audiencias públicas y posibles demandas judiciales, ya que el impacto podría ser profundo en la economía colombiana. Para más detalles, consulte fuentes oficiales y expertas independientes.