En las vías de Arauca, el ELN ha implementado una táctica que combina cobardía y precisión: el “reparcheo”. Los guerrilleros abren huecos en el asfalto, colocan artefactos explosivos y los cubren con material para que parezcan simples reparaciones viales. El pavimento queda visualmente intacto, sin grietas evidentes, lo que permite que la trampa pase desapercibida para controles rutinarios y pone en riesgo constante a cualquiera que transite por allí: campesinos, transportadores, familias, estudiantes.
El 24 de febrero de 2026, tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron de manera controlada uno de estos dispositivos en la vía Tame-Sácama, sector Caño Zorro. No fue un caso aislado: en las últimas semanas se han neutralizado al menos cinco artefactos similares en corredores clave del departamento. Cada desactivación evita una tragedia, pero también evidencia que hay más bombas camufladas esperando detonar.
Esta modalidad no es improvisada. Forma parte de una escalada que incluye el uso de drones cargados con explosivos contra bases militares como el ataque al cantón San Jorge en Saravena el 12 de febrero y hostigamientos en Arauquita que han dejado heridos entre el personal uniformado. El ELN viola de forma sistemática el Derecho Internacional Humanitario al exponer a civiles de manera indiscriminada, convirtiendo carreteras esenciales en campos minados invisibles que paralizan la movilidad, elevan costos de transporte y ahogan cualquier posibilidad de economía libre en la región.
Mientras el Ejército responde con operativos reactivos destruyendo lo que encuentra, la población civil vive bajo zozobra permanente. ¿Cuántos “reparcheos” siguen sin detectar? ¿Cuántos más tendrán que pasar por esas vías antes de que uno explote?
El gobierno presenta cada neutralización como un éxito operacional y reafirma que “no dará un paso atrás”. Sin embargo, en el contexto de la “Paz Total”, estas acciones ocurren mientras el ELN continúa evolucionando sus métodos terroristas: de minas tradicionales a trampas camufladas y ataques con drones. Las negociaciones en curso no han logrado que el grupo respete compromisos mínimos; al contrario, parecen darle tiempo para fortalecerse tecnológicamente y mantener control territorial en una frontera estratégica.
Arauca paga el precio de un enfoque que prioriza mesas de diálogo en la capital sobre la protección efectiva de los individuos en el terreno. Los impuestos de los colombianos financian un Ejército que neutraliza amenazas una por una, pero no resuelve la raíz: un grupo armado que opera con impunidad en zonas donde el Estado central ha fallado en garantizar seguridad real.
La verdadera solución no pasa por más concesiones ni por esperar que el ELN cumpla promesas que nunca ha respetado. Pasa por reconocer que la libertad de movimiento, la propiedad y la vida no pueden depender de pactos con quienes las amenazan. En una región olvidada como Arauca, donde el libre comercio y la iniciativa privada podrían florecer, la violencia guerrillera y la ineficiencia estatal conspiran para mantenerla en la miseria y el miedo.
Hasta que se priorice la defensa efectiva de los derechos individuales sin intermediarios que negocien con terroristas— las vías seguirán siendo trampas y la “paz” seguirá siendo solo una palabra pronunciada lejos del lugar donde se derrama la sangre.