El Catatumbo, esa región bendita de Norte de Santander, frontera con Venezuela, se ha convertido en un infierno aéreo. La revista SEMANA se metió hasta el fondo y lo que vio es una guerra moderna y brutal: drones cargados de explosivos enfrentándose en el cielo como en Ucrania, pero cayendo sobre casas, patios, cementerios y familias enteras. El ELN y las disidencias de las FARC (Frente 33 de Jhon Mechas) se disputan el control del narcotráfico y el territorio con bombas caseras lanzadas desde el aire. El resultado: pueblos convertidos en ruinas, más de 90.000 desplazados en el último año (y la cifra sigue subiendo en 2026), minas antipersona en patios y caminos, y una población civil completamente abandonada.
Los hechos son demoledores:
- 15 de mayo de 2025: En el caserío 20 de Julio (Versalles, Tibú), un dron explota en el patio de Flor y su familia. Pierden un centenar de animales, quedan heridos y pasan la noche en una cueva rezando. Flor cuenta: “Oré, le pedí a Dios que lloviera con tempestad porque era la única forma de que no sobrevolaran el dron. Y se hizo el milagro”. Nadie del Estado apareció.
- 22 de enero de 2025: Yofrán Camilo Quintero, de solo 19 años, muere por la onda expansiva de un dron mientras descansaba con su papá discapacitado en la misma vereda.
- 30 de diciembre de 2025: Ataque en Piamonte deja a una mujer, su esposo y dos hijas heridas. El papá las lleva en moto por trochas peligrosas hasta Cúcuta, con esquirlas incrustadas que no se pueden sacar por falta de atención médica.
- Minas en patios: Daniel Ortega pierde el pie derecho en su propia casa (10 de mayo de 2025) y se hace una prótesis de PVC porque el gobierno no le da nada. Otra familia activa una mina en moto: esquirlas en piernas, brazos y tinnitus permanente. “¿Dónde está el Estado para las víctimas?”, preguntan con rabia.
Cifras que claman al cielo (y que el gobierno ignora):
- Más de 90.000 desplazados en 2025-2026 (Defensoría del Pueblo y reportes actualizados).
- Versalles: De 308 familias, solo quedan 60. Calles desiertas, más del 70% de negocios cerrados (restaurantes de 120 a 10 almuerzos diarios).
- Filo Gringo: De 500 familias a solo 100. Casas destruidas por drones de las FARC contra supuestos centros del ELN.
- 25 eventos minados en 2025, 22 víctimas confirmadas y en 2026 ya hay más ataques aéreos reportados.
- Comercio colapsado: coca sin compradores por miedo, plátano y cacao pudriéndose en fincas, raspachines huyendo a Venezuela. Hambre acechando mientras los grupos armados controlan retenes y hasta la venta de drones en Tibú.
Los niños lo viven como un videojuego mortal: un pequeño de 10 años vio dos drones enfrentados en el aire y pensó que era un juego. Pero no: es terrorismo real, con zumbido constante que obliga a cerrar puertas a las 6 pm, perros hambrientos rondando y familias ondeando trapos blancos para que no les caigan bombas.
El culpable directo: Es el Gobierno del «cambio» Este horror no es casualidad. Es el resultado directo de la política de Petro: suspendió operaciones militares, dio oxígeno a los grupos con «diálogos» sin condiciones, y priorizó mesas de negociación sobre presencia del Estado. Mientras el ELN y las disidencias se fortalecen con drones baratos (inspirados en conflictos extranjeros), el Ejército y la Policía brillan por su ausencia en carreteras principales. Puestos de salud cerrados, sin médicos ni medicinas; subsidios de arriendo o prótesis inexistentes; solo mercados ocasionales como migajas.
Petro calificó el desplazamiento masivo de 2025 como “uno de los hechos más dramáticos” y “fracaso de la nación”, pero ¿qué hizo? Siguió negociando con algunos mientras la violencia escalaba. En 2026, el Catatumbo sigue sangrando: más de 121 asesinatos vinculados a drones solo este año (mitad civiles), según inteligencia. La Defensoría habla de “crímenes de guerra y lesa humanidad”, violaciones al Derecho Internacional Humanitario con bombardeos aéreos sobre viviendas y parcelas.
Los pobladores claman: “Quisiera que viniera la prensa, la Defensoría, organismos internacionales y se queden más de una semana para que vean que no mentimos”. Pero Petro prefiere ideología sobre seguridad: erradicación masiva de coca sin alternativas reales, zonas de concentración que suenan a santuarios para criminales, y un Estado ausente que deja a la Iglesia como única presencia. ¿Hasta cuándo este abandono criminal? ¿Hasta cuándo la «paz» que solo trae drones, minas y pueblos fantasmas? Colombia no merece esto. El Catatumbo necesita mano firme, presencia militar real, inversión en vías y proyectos productivos no más excusas petristas ni diálogos que empoderan terroristas.