Ayer, 16 de febrero de 2026, Bogotá vivió una jornada de caos y humillación en pleno Centro Administrativo Nacional (CAN). Más de 1.200 funcionarios públicos de entidades como el Ministerio de Educación, el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quedaron retenidos durante más de seis horas (algunos reportes hablan de hasta siete) dentro de sus propias oficinas. No fue un accidente ni una falla técnica: fue una toma violenta por parte de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca, organizadas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).
Los manifestantes cerca de 700-750 personas llegadas en buses desde Cauca bloquearon accesos principales, instalaron barreras improvisadas y prohibieron la salida de los empleados. Videos virales muestran escenas de tensión extrema: empujones, golpes, una mujer arrojada al suelo, uso de bastones y machetes para intimidar, agresiones a periodistas (intentos de quitarles cámaras y prohibir grabaciones) y amenazas verbales constantes. Funcionarios desesperados intentaban salir a la fuerza, mientras los retenidos gritaban en redes: “Nos tienen secuestrados”, “No nos dejan salir ni entrar” o “Comunidad afro golpeando a la gente, incluso a mujeres”.
¿Qué exigían y por qué llegaron a esto?
La protesta forma parte de una movilización mayor de comunidades del Cauca instaladas desde días antes en la Universidad Nacional (sin autorización, según reportes). Exigían cumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno: inversión social, programas productivos, restitución de tierras, reparación a víctimas y condiciones de seguridad en sus territorios. Pliego de 19 puntos que incluye reforma rural y atención a problemas de orden público en una región golpeada por violencia y abandono estatal.
El Gobierno Petro que se jacta de ser el del diálogo respondió con… diálogo tardío. El viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, pidió «cesar las vías de hecho» y confirmó mesas de conversación, pero la Policía Nacional se quedó afuera sin intervenir directamente. No hubo capturas inmediatas, ni desalojo forzoso. Al final del día, tras horas de tensión, los manifestantes permitieron salidas progresivas y se instalaron en mesas de diálogo. Gustavo Quintero Ardila (posiblemente de MinInterior o Secretaría de Gobierno) rechazó las «vías de hecho que vulneran libertades fundamentales», pero el tono fue conciliador: «De manera paralela debe arrancar la mesa de trabajo».
La indignación: ¿Esto es protesta o secuestro?
Llamémoslo por su nombre: retener a más de 1.200 personas contra su voluntad, impedirles salir, agredirlas físicamente y amenazarlas con armas blancas no es una manifestación pacífica. Es una retención ilegal que roza el secuestro colectivo (artículo 168 del Código Penal: privación ilegal de la libertad). Funcionarios del Dane, MinEducación y ANT gente común que va a trabajar vivieron horas de miedo, sin poder ir al baño, comer o contactar familia en algunos casos. Periodistas fueron atacados por cubrirlo. Y el Estado, ¿dónde estaba? Mirando desde afuera, priorizando «diálogo» sobre protección de derechos básicos.
Esto no es nuevo en el Cauca ni en el gobierno actual: comunidades toman vías, universidades, edificios públicos y el patrón se repite impunidad, mesas eternas y cero consecuencias. Mientras tanto, el ciudadano de a pie paga: funcionarios retenidos, servicios públicos paralizados, y un mensaje claro: si bloqueas y agredes, el Gobierno te atiende primero.
Consecuencias y lo que viene
- No se reportaron heridos graves ni daños materiales masivos, pero el trauma psicológico para los empleados es real.
- Las comunidades del Cauca anunciaron que no se retiran del CAN ni de la U. Nacional hasta acuerdos concretos.
- En redes, hashtags como #SecuestroCAN y críticas al «gobierno del cambio» explotaron: «Eso no es protesta, es toma ordenada por la narcoguerrilla», «Gaminess es lo que son», «Muy grave la situación».
ayer en Bogotá se violó la libertad de más de mil trabajadores públicos por una protesta legítima en sus demandas, pero ejecutada con métodos ilegales e intolerables. El Gobierno Petro optó por el diálogo en vez de la firmeza, enviando un mensaje peligroso: las vías de hecho funcionan. Colombia no puede seguir tolerando que el caos se normalice en nombre de «escuchar a las comunidades». La seguridad y los derechos de todos incluyendo los de los caucanos merecen más que palabras bonitas.