La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, ha sacudido a Colombia no solo por la tristeza inherente a la pérdida de una vida inocente, sino por lo que revela sobre las profundas fallas en el sistema de salud nacional. Kevin falleció el 13 de febrero de 2026 en el Hospital Universitario La Misericordia de Bogotá, tras un accidente en bicicleta que desencadenó hemorragias internas y un trauma craneoencefálico. Afiliado a la Nueva EPS una entidad intervenida por el Gobierno, el menor no recibía su medicamento profiláctico desde diciembre de 2025 debido a incumplimientos contractuales y burocracia. Esta negligencia agravó su condición, convirtiendo un accidente evitable en una fatalidad. Pero más allá de los hechos, las respuestas del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han generado indignación por su aparente falta de empatía y por desplazar la responsabilidad hacia la familia, en lugar de asumir las deficiencias del sistema que ellos lideran.
Cronología de una Muerte Anunciada
El caso de Kevin no fue un incidente aislado, sino el resultado de una cadena de fallos sistémicos. En diciembre de 2025, la Nueva EPS dejó de suministrar los factores de coagulación necesarios para su tratamiento, alegando problemas contractuales con proveedores. El 8 de febrero de 2026, mientras visitaba familiares en Pitalito (Huila), Kevin sufrió el accidente y fue ingresado al Hospital Departamental San Antonio con hemorragias activas. A pesar de las denuncias públicas de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) el 9 de febrero, exigiendo intervención inmediata, la autorización para su traslado aéreo a Bogotá se demoró hasta el 11 de febrero. Para entonces, su estado era irreversible, y falleció dos días después. El sepelio se realizó el 16 de febrero en Charalá (Santander), su lugar de residencia.
Organizaciones como Fecoer y Pacientes de Alto Costo han calificado esta muerte como «potencialmente evitable», destacando que el suministro de tratamientos para enfermedades raras ha caído drásticamente, del 90% al 40% en algunos casos, y llegando a cero en regiones como la Costa Caribe. La Defensoría del Pueblo ha señalado que Kevin es «una víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos», con más de 120.000 tutelas sin procesar contra la Nueva EPS, cuya cantidad de quejas aumentó de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.
Las Pronunciaciones Oficiales: Excusas que Desplazan la Culpa
En medio de la conmoción nacional, las declaraciones del presidente Petro y el ministro Jaramillo durante el Consejo de Ministros del 16 de febrero han sido ampliamente criticadas por su tono y contenido. Petro atribuyó la muerte a dos factores: la falta de medicamento y, sorprendentemente, a la «ausencia de prevención familiar». Afirmó: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”. Aunque mencionó una investigación sobre irregularidades en la entrega del fármaco, su énfasis en la responsabilidad parental ha sido visto como una excusa para evadir la responsabilidad gubernamental.
Por su parte, Jaramillo enfatizó el accidente como causa principal: “El niño sufrió un accidente craneoencefálico… Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”. Pidió no usar el caso para criticar al Gobierno y anunció una investigación post-autopsia. Estas palabras han sido interpretadas como un intento de «lavarse las manos», ignorando que el medicamento profiláctico permite a pacientes como Kevin llevar vidas normales, incluyendo actividades cotidianas como montar en bicicleta.
Estas pronunciaciones son problemáticas por varias razones. Primero, revelan una falta de empatía hacia la familia, culpabilizando a la madre, Yudy Katherine Pico, quien respondió indignada: “El niño no murió por una caída, el niño me lo dejaron morir por falta de un medicamento… Se están lavando las manos, según ellos debía dejarlo sin hacer ninguna actividad. Me parece desconsiderado lo que están diciendo”. Segundo, son descaradas porque desvían el foco de las fallas estructurales como la intervención fallida en la Nueva EPS y el desabastecimiento generalizado hacia factores individuales, como la «educación deficitaria» de las madres. Esto ignora que el Gobierno, bajo Petro, ha promovido reformas en salud que, según críticos, han exacerbado la crisis en lugar de resolverla. Senadores como Honorio Henríquez han calificado esto de «indolencia», mientras analistas como Ani Abello lo ven como una muestra de «falta de corazón».
En un contexto donde pacientes mueren diariamente por falta de tratamientos como un caso similar de leucemia en 2025 por ausencia de citarabina, estas excusas suenan no solo débiles, sino irresponsables.
El Desastre en el Sistema de Salud Colombiano
La tragedia de Kevin es un síntoma de un sistema de salud en ruinas. Bajo la actual administración, intervenciones en EPS como la Nueva EPS han generado caos: desabastecimiento de medicamentos para enfermedades raras, demoras en autorizaciones y un aumento exponencial en quejas y tutelas. La Gobernación de Santander ha exigido acciones inmediatas a la Supersalud, mientras Fecoer reporta vulneraciones masivas de derechos. En regiones apartadas, muertes por falta de atención son comunes, pero el Gobierno prioriza narrativas defensivas en lugar de soluciones concretas.
Medios como Blu Radio, Semana y El Tiempo han amplificado la polémica, destacando cómo estas declaraciones oficialistas agravan la percepción de un Gobierno desconectado de la realidad. Hashtags como #MuerenPacientes y #EnfermedadesRaras han viralizado el caso en redes, exigiendo justicia y reformas urgentes.
En conclusión, mientras la autopsia pendiente podría aclarar responsabilidades, el caso de Kevin exige no solo investigaciones, sino un mea culpa gubernamental. Desplazar la culpa a familias vulnerables no resuelve la crisis; solo la perpetúa. Colombia merece un sistema de salud que priorice vidas sobre excusas.