En un nuevo episodio de confrontación entre el Ejecutivo y el poder judicial, el presidente Gustavo Petro ha respondido con vehemencia a la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, que decretaba un aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026, elevándolo a $2.000.000 con auxilio de transporte. Calificando esta medida como un «salario vital», Petro convoca a mesas de concertación y marchas nacionales, defendiendo un incremento que, desde una perspectiva conservadora y libertaria, representa un claro intervencionismo estatal que ignora las dinámicas del libre mercado y carga innecesariamente sobre las empresas. A continuación, desglosamos los antecedentes, las actualizaciones hasta la fecha y una crítica profunda a esta postura gubernamental.
Antecedentes: Del Decreto Suspendido al «Salario Vital»
El conflicto se remonta al Decreto 1469, emitido en diciembre de 2025, que fijaba el salario mínimo en $2.000.000 para unos 2,4 millones de trabajadores formales. Este incremento del 23,7% se basaba en factores como inflación (proyectada al 5%), productividad y crecimiento del PIB (estimado en 3,5% por estudios como los de JPMorgan Chase). Sin embargo, el Consejo de Estado, a través del magistrado ponente Milton Chaves Morales, suspendió provisionalmente el decreto el 13 de febrero de 2026, argumentando falta de motivación suficiente y solicitando aclaraciones en un plazo de ocho días.
Petro, en una alocución televisada el 15 de febrero, rechazó la decisión, afirmando que el «salario vital» se mantiene vigente hasta la emisión de un nuevo decreto transitorio. Invocó sentencias de la Corte Constitucional de 1991 sobre el «salario vital y móvil», y criticó al Banco de la República por mantener altas tasas de interés que, según él, frenan el crecimiento económico. El presidente enfatizó que no se trató de una decisión improvisada, sino de un esfuerzo por reducir la desigualdad, y envió un mensaje a los empresarios sobre su responsabilidad social en la dignidad laboral.
Actualizaciones hasta el 16 de Febrero de 2026: Mesa de Concertación y Marchas en Marcha
Hasta esta mañana del 16 de febrero de 2026, no se ha emitido un nuevo decreto, pero el gobierno mantiene el salario actual de manera interina mientras prepara su defensa judicial. La principal novedad es la convocatoria a una mesa de concertación hoy mismo, con participación de empresarios (representados por gremios como la Andi), sindicatos y ministros clave como Germán Ávila (Hacienda) y Antonio Sanguino (Trabajo). Sanguino ha adelantado que el gobierno buscará mantener o incluso superar el 23,7%, incorporando debates sobre tasas de interés y ajustes «móviles» según la realidad económica.
Paralelamente, Petro ha llamado a marchas nacionales para el jueves 19 de febrero a las 4 p.m. en plazas públicas de todo el país, instando a defender el «salario digno» en las calles y los estrados judiciales. Reacciones opositoras incluyen propuestas de Álvaro Uribe para reformas que recuperen recursos estatales sin aumentos salariales coercitivos. Medios como Blu Radio y La FM reportan preocupaciones sobre impactos colaterales, como el recálculo de multas de tránsito, cuotas de alimentación y salarios integrales, con analistas advirtiendo riesgos inflacionarios y de desempleo. En redes sociales, videos de la alocución circulan ampliamente, polarizando el debate.
Populismo Económico que Amenaza la Estabilidad y la Libertad Individual
la defensa de Petro al «salario vital» no es más que un ejercicio de populismo irresponsable que distorsiona el mercado laboral y carga sobre los hombros de los empresarios privados. Imponer incrementos salariales por decreto, ignorando negociaciones libres entre empleadores y trabajadores, viola principios básicos de la libertad económica: ¿por qué el Estado debe decidir cuánto vale el trabajo de alguien, en lugar de dejarlo al acuerdo voluntario y a la productividad real? Este enfoque, que evoca políticas intervencionistas fallidas de décadas pasadas, podría generar inflación (al elevar costos operativos), desempleo (especialmente en pymes que no pueden absorber el golpe) y una mayor informalidad laboral, como han advertido gremios empresariales.
La convocatoria a marchas y mesas de concertación fuera de temporada (normalmente en diciembre) parece más una maniobra política para presionar al Consejo de Estado que un genuino diálogo. Petro critica al Banco de la República por tasas altas, pero omite que estas responden a presiones inflacionarias que sus propias políticas expansivas han exacerbado. En un país con desigualdad, la solución no está en decretos paternalistas que desincentivan la inversión y el emprendimiento, sino en reformas que reduzcan burocracia, bajen impuestos y fomenten la competencia. Este «salario vital» no vitaliza la economía; la asfixia bajo el peso del Estado omnipresente, atentando contra la propiedad privada y la responsabilidad individual.
¿Defensa Judicial o Batalla por la Libertad Económica?
A horas de la mesa de concertación, el futuro del salario mínimo pende de un hilo, con Petro aferrado a su visión estatista mientras el Consejo de Estado exige rigor técnico. Para Colombia, este pulso no es solo salarial: es una lucha por preservar un modelo económico libre frente al avance del intervencionismo.