En un contexto de creciente intervencionismo estatal, el gobierno de Gustavo Petro ha revivido una controvertida propuesta que amenaza la libertad económica y el ahorro privado de los colombianos. Bajo el pretexto de una emergencia climática, el presidente anunció decretos para imponer inversiones forzosas al sistema bancario, obligando a las entidades financieras a redirigir recursos hacia sectores prioritarios definidos por el Ejecutivo. Esta medida, que evoca prácticas de economías centralizadas, ha generado un fuerte rechazo en círculos conservadores y libertarios, al considerarse un ataque directo a la propiedad privada y al libre mercado.
Del Pacto Frustrado a la Emergencia Climática
La idea de las inversiones forzosas no es nueva en la agenda de Petro. En agosto de 2024, el gobierno propuso un proyecto de ley para obligar al sector financiero a destinar un porcentaje de los ahorros del público a créditos obligatorios en áreas como vivienda, agricultura y turismo. Este plan buscaba inyectar alrededor de $250-254 billones en 18 meses, pero fue archivado tras un «Pacto por el Crédito» firmado con la banca, que prometía un cumplimiento voluntario. Sin embargo, según el presidente, el sector incumplió estos compromisos, con un avance global de solo el 84,1% al corte de enero de 2026.
El detonante actual es la declaración de emergencia económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, motivada por intensas lluvias e inundaciones en departamentos como Sucre, Córdoba y otros, que han dejado miles de damnificados. El objetivo declarado es recaudar $8 billones (aproximadamente el 0,4% del PIB) para atender la crisis, combinando inversiones forzosas con un impuesto temporal al patrimonio de grandes empresas (con patrimonios superiores a $10.000 millones y tarifas del 0,6% al 1,2%). Petro ha argumentado que la banca «lo engañó» al priorizar créditos de consumo sobre los productivos, justificando así la intervención estatal.
Anuncio sin Decretos Concretos
Desde el anuncio realizado durante un consejo de ministros el 12 de febrero, no se han emitido aún los decretos específicos. Fuentes como El Tiempo y Portafolio confirman que la medida implicaría obligar a los bancos a canalizar recursos a través de entidades públicas como Bancóldex, Finagro, el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro, enfocados en sectores como manufactura, transición energética, vivienda, infraestructura, agropecuario, turismo y economía popular. Estos créditos se otorgarían a tasas reducidas, priorizando el fomento agrícola y otros áreas «estratégicas».
Hasta hoy, 16 de febrero, el debate se centra en reacciones inmediatas. Asobancaria, liderada por Jonathan Malagón, ha advertido que una inversión forzosa adicional de alrededor de $35 billones podría reducir la disponibilidad de crédito para otros sectores, aumentando las tasas de interés en 49 puntos básicos, contrayendo la cartera crediticia en 0,9 puntos básicos y reduciendo el PIB en 0,3 puntos básicos. Medios como Blu Radio y El Colombiano reportan que el gobierno mantiene la propuesta como parte de la emergencia, pero sin avances concretos en su implementación. Analistas en programas como Mañanas Blu cuestionan si esto representa una «retaliación» contra la banca por el pacto fallido, y debaten su constitucionalidad, argumentando una falta de «conexidad» entre la crisis climática y la intervención financiera.
Un Ataque al Libre Mercado y la Propiedad Privada
Esta propuesta de inversiones forzosas representa un retroceso peligroso hacia el estatismo, socavando los principios fundamentales de la libertad económica y el respeto a la propiedad privada. En lugar de fomentar un entorno de competencia y eficiencia, el gobierno de Petro opta por el control centralizado, obligando a los bancos y por extensión, a los ahorradores colombianos a financiar agendas políticas bajo el manto de una «emergencia». ¿Quién decide qué sectores son «prioritarios»? El Estado, por supuesto, lo que abre la puerta a favoritismos, corrupción y ineficiencias, como hemos visto en regímenes intervencionistas del pasado.
Malagón lo resume bien: «La plata para inversiones forzosas no es de los banqueros, es de los ahorradores». Esto no solo distorsiona el mercado crediticio, sino que podría elevar los costos para el ciudadano común, afectando hipotecas, préstamos empresariales y el crecimiento económico general. En un país que necesita atraer inversión extranjera y estimular la iniciativa privada, medidas como esta envían un mensaje equivocado: el Estado desconfía del mercado y prefiere imponer su visión, ignorando lecciones históricas de economías libres que prosperan sin intervenciones coercitivas.
Además, la conexión entre una crisis climática y la expropiación indirecta de ahorros privados es tenue, por no decir manipuladora. Esto huele a oportunismo político, usando desastres naturales para avanzar reformas ideológicas que no pasarían por el Congreso. Como libertarios, defendemos que el rol del gobierno debe limitarse a proteger derechos individuales, no a dirigir la economía como un planificador soviético. Si Petro busca fondos para emergencias, que optimice el gasto público en lugar de asaltar el sector privado.
Hacia un Futuro de Mayor Libertad Económica
A tres días del anuncio inicial, las inversiones forzosas siguen siendo una amenaza latente, sin decretos firmes pero con un impacto ya palpable en la confianza del mercado. Para Colombia, un país con potencial inmenso, el camino no está en más Estado, sino en menos: reduciendo burocracia, bajando impuestos y dejando que el libre mercado impulse el desarrollo. Invito a los lectores a vigilar de cerca estas decisiones y a defender los valores de responsabilidad individual y libertad. Si esta tendencia continúa, el ahorro privado y la prosperidad colectiva podrían estar en jaque.