En diciembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro decretó un incremento histórico del 23,7% en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), elevándolo de $1.423.500 a $1.750.905 para 2026, con un auxilio de transporte que sube a $249.095, alcanzando un ingreso total de $2.000.000 para los trabajadores de bajos ingresos. Esta medida, presentada por el presidente como un «salario vital» que beneficia a unos 2,4 millones de trabajadores y pensionados, ha generado un debate intenso en el país. Sin embargo, detrás de la retórica populista, emergen serias preocupaciones sobre sus impactos negativos en la economía, el empleo y la inflación, que podrían afectar a millones más allá de los beneficiarios directos.
Las Empresas en Apuros: Cambios en la Forma de Pago y Estrategias de Supervivencia
Según un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), basado en más de 200 organizaciones, el 14% de las empresas ya ha migrado de salarios integrales a ordinarios para mitigar el impacto financiero, especialmente en cargos directivos y gerenciales. Esto implica que, en lugar de un pago todo incluido que evita algunas prestaciones, se opta por un esquema nominal que ajusta costos, pero podría reducir beneficios netos para empleados de altos ingresos. Además, el 32% de las compañías ha recurrido a recortes de gastos, el 24% a la automatización con inteligencia artificial, y muchas planean renegociar con proveedores o subir precios.
El costo real para los empleadores va más allá del salario base: incluyendo prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales, el desembolso mensual por un trabajador en mínimo supera los $3 millones. Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, lo resume claramente: «El incremento desmedido del salario mínimo decretado por el Gobierno ha impactado las finanzas de las empresas… el mercado laboral no tiene la capacidad financiera de aumentar los salarios a ese nivel». Estas adaptaciones no solo afectan la competitividad, sino que podrían traducirse en menor contratación y mayor informalidad.
Populismo Económico sin Soporte Técnico
La decisión del Gobierno Petro ha sido calificada por expertos y gremios como un acto de «populismo económico» que ignora la realidad del país. Economistas como Salomón Kalmanovitz la describen como una «alza hiperbólica» y un «tiro en el pie», argumentando que un incremento cinco veces superior a la inflación del 5,1% en 2025 no tiene respaldo en productividad ni crecimiento económico. En lugar de fomentar la equidad, esta medida unilateral tomada fuera de la concertación tripartita genera riesgos fiscales masivos: Fitch Ratings advierte de presiones en el déficit, con un costo adicional de $5,3 billones en 2026 y $8 billones anuales desde 2027, exacerbando la deuda pública.
La inflación es otro fantasma: analistas del Banco de la República han elevado sus proyecciones al 6,4% para 2026 (desde 4,6%), y las tasas de interés podrían subir hasta el 11,25%, encareciendo créditos y frenando el crecimiento. Fedesarrollo estima que podría destruirse hasta 600.000 empleos formales, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas que no pueden absorber el choque. Gremios como la ANDI y Fenalco alertan de un «efecto dominó» en precios de bienes y servicios, incrementando la informalidad y golpeando a los hogares vulnerables que Petro dice proteger.
Críticos como la representante Marelen Castillo lo llaman «irresponsable», mientras que en redes sociales, usuarios y analistas como Hernán Cadavid advierten de un «estilo chavista» en controles de precios para contrarrestar el daño autoinfligido. Incluso en el sector vivienda, el aumento indexa precios de VIS y VIP, encareciendo el acceso a un derecho básico y violando principios de progresividad. Petro defiende la medida alegando que la inflación actual es menor que la heredada de Duque, pero ignora que su propio decreto la acelera, priorizando aplausos electorales sobre estabilidad económica.
Por otro lado, defensores como el Pacto Histórico y sindicatos ven beneficios inmediatos en el poder adquisitivo de los más pobres, argumentando que no genera inflación generalizada si se ajustan márgenes de ganancia. Sin embargo, estos argumentos palidecen ante evidencias de que el «bienestar inicial» podría ser efímero, como señala el economista Jorge Restrepo.
Un Riesgo Calculado que Sale Caro
El aumento del salario mínimo en 2026 podría ser un avance social en teoría, pero en práctica representa un experimento riesgoso que carga costos desproporcionados sobre empresas, consumidores y el fisco. El Gobierno Petro, en su afán por «justicia social», parece ignorar lecciones económicas básicas: decretos no crean riqueza, solo redistribuyen cargas. Con elecciones en el horizonte, esta medida huele a campaña, pero el precio lo pagarán todos los colombianos con mayor inflación, desempleo y deuda. Es hora de priorizar políticas técnicas sobre populismo.