En medio de una demanda de reparación directa presentada por Marelbys Meza y Fabiola Perea exempleadas domésticas de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, la Presidencia de la República ha enviado una respuesta que genera controversia: califica los hechos como “asuntos personales” ajenos a la entidad y asegura que “no le constan”.
La demanda, radicada ante un juez administrativo, busca indemnización por daños y perjuicios causados por interceptaciones ilegales (“chuzadas”), seguimientos, amenazas y el uso irregular de un polígrafo en contra de las dos mujeres. Estas acciones ocurrieron en 2023, tras la supuesta pérdida de un maletín con dinero en la residencia privada de Sarabia, quien en ese momento era una de las figuras más cercanas al mandatario.
La posición oficial de la Presidencia
En el documento remitido al juez publicado por Semana y confirmado por El Colombiano, la Presidencia argumenta que desconoce la ocurrencia de los hechos narrados. “Debe advertirse que la Presidencia de la República desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda. Son enteramente ajenos a su competencia funcional y se refieren a conductas ajenas a la Entidad”, señala textualmente.
Además, enfatiza: “Si bien la señora Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad”.
Esta postura se da pese a que ya existen cuatro condenas judiciales contra policías involucrados en el caso, incluyendo manipulaciones de informes para vincular falsamente a Meza y Perea con el Clan del Golfo, lo que sirvió de pretexto para las interceptaciones ilegales.
Antecedentes del escándalo
El caso estalló en junio de 2023 cuando Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia, denunció públicamente haber sido sometida a una prueba de polígrafo en dependencias cercanas a la Casa de Nariño, tras ser acusada de robar un maletín con dinero (la cifra varía según las versiones: Sarabia habló de 7.000 dólares; Meza, de unos 150 millones de pesos). Posteriormente se reveló que la Dijín había interceptado ilegalmente sus comunicaciones y las de Fabiola Perea, otra empleada.
La Fiscalía confirmó las irregularidades: los policías falsificaron documentos para justificar las escuchas, presentando a las mujeres como posibles integrantes de estructuras criminales. Entre las condenas destacan:
- Septiembre 2024: Dos patrulleros recibieron penas en casa por cárcel.
- Octubre 2025: El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy Morales fueron condenados por fraude procesal y falsedad ideológica.
- Otras sentencias en 2025 contra Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales, con hasta 10 años de prisión domiciliaria.
A pesar de estas decisiones judiciales, tanto la Presidencia como la Fiscalía se oponen a la demanda civil. La Fiscalía, en su respuesta del 10 de febrero de 2026, argumentó que “no hay un daño antijurídico causado” por parte del ente acusador y se opuso a todas las pretensiones económicas de las víctimas.
Reacciones y contexto político
La respuesta de la Presidencia ha sido criticada por desvincularse de hechos ya probados en la justicia penal. Medios como El Colombiano titularon “No nos consta”, destacando la aparente contradicción con las condenas. Por su parte, las víctimas y sus abogados insisten en que los recursos públicos (vehículos de seguridad presidencial, instalaciones y personal) se usaron en el abuso.
Laura Sarabia, quien renunció temporalmente en 2023 por el escándalo y regresó al Gobierno en roles posteriores, ha negado en el pasado haber ordenado el polígrafo o las interceptaciones. Actualmente ejerce como embajadora en Londres.
El caso también incluye dudas sobre la muerte del coronel Óscar Dávila (relacionado con la investigación), que Meza ha cuestionado públicamente, aunque no hay avances recientes confirmados en esa línea.
¿Qué sigue?
La demanda sigue su curso en la jurisdicción contencioso-administrativa. Si prospera, podría implicar millonarias indemnizaciones pagadas con recursos públicos. Mientras tanto, el escándalo sigue siendo uno de los más sensibles del gobierno Petro, reviviendo debates sobre abuso de poder, uso irregular de instituciones estatales y la responsabilidad política de altos funcionarios.
Fuentes principales: Semana (11/02/2026), El Colombiano (11/02/2026), Infobae (11/02/2026), El Tiempo y La Silla Vacía (reportes previos 2024-2025).