El presidente Gustavo Petro, quien llegó al poder prometiendo transparencia y cambio, hoy se declara públicamente «víctima de su propio invento». Así lo confesó tras la ruptura con la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien él mismo incluyó en la terna para el cargo en 2023, apostando por una justicia «independiente». Lo que Petro no calculó fue que esa independencia lo alcanzaría de lleno: la Fiscalía, bajo Camargo, ha avanzado en imputaciones contra figuras muy cercanas a su gobierno, revelando un patrón preocupante de irregularidades y posibles delitos.
El detonante más reciente llegó el 9 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía radicó solicitudes de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exasesora y aspirante a viceministra de Juventud, y contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña Petro Presidente 2022. Guerrero enfrenta cargos por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, relacionados con títulos universitarios obtenidos de manera irregular en la Fundación San José: no asistió a clases, no presentó exámenes y no cumplió requisitos, pero obtuvo diplomas que usó para posicionarse en cargos públicos. La Fiscalía pedirá detención domiciliaria y, según reportes, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
Por su parte, Ricardo Roa deberá responder por violación de topes electorales en la campaña de 2022 (superando los límites legales en más de $3.000 millones, según el Consejo Nacional Electoral) y por tráfico de influencias en la compra irregular de un apartamento de lujo en Bogotá, donde se benefició de favores y contratos posteriores en Ecopetrol. Estas imputaciones no son aisladas: se suman a un largo rosario de escándalos que han salpicado al gobierno Petro.
Petro, lejos de aceptar los hechos, ha salido en defensa pública de ambos. A Guerrero la ha calificado como una «activista protegida» y ha minimizado las acusaciones, mientras que a Roa lo mantiene en su cargo pese a las sanciones previas del CNE. Esta actitud contrasta con su discurso anticorrupción: el presidente prefiere victimizarse y atacar a la fiscal que él ternó, acusándola de alianzas políticas con opositores como Abelardo de la Espriella (basado en denuncias anónimas de Colombia Humana) y de perseguir a su círculo cercano.
El «divorcio» es evidente. Petro ha repetido que «perdió su tiempo» buscando una fiscal independiente y ha insinuado nexos oscuros entre el esposo de Camargo y figuras opositoras. Sin embargo, la Fiscalía mantiene su línea: no responde a presiones políticas y avanza en casos que tocan el corazón del petrismo. Esto se suma a otros implicados en escándalos graves del gobierno: exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco (cárcel por corrupción en la UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla (sobrecostos en carrotanques), Sandra Ortiz, Iván Name, Armando Benedetti y hasta el propio hijo del presidente, Nicolás Petro, en procesos por lavado y financiación irregular.
El gobierno que prometió «no más corrupción» acumula una lista interminable de procesados y señalados. Mientras Petro se declara víctima y apunta a la fiscal, la realidad muestra un Ejecutivo que protege a sus cercanos, justifica irregularidades y ataca a quien investiga. La independencia judicial que Petro dice defender es la misma que hoy lo incomoda. Colombia merece respuestas, no excusas ni victimismos.