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En el ajedrez político del gobierno de Gustavo Petro, Juliana Guerrero y Ricardo Roa representan piezas clave: ella como una «reina» con influencia directa en el círculo presidencial, y él como un «alfil» estratégico en el manejo de fondos y poder económico. Ambos, sin embargo, enfrentan imputaciones graves por la Fiscalía General de la Nación, con delitos que parecen irrefutables basados en evidencias recolectadas durante meses de investigación. A pesar de esto, Petro los ha defendido públicamente, minimizando las acusaciones y manteniéndolos en posiciones de confianza o respaldándolos en redes sociales. Este patrón no solo cuestiona la integridad del «gobierno del cambio», sino que suma a una larga lista de escándalos que han marcado la administración, involucrando corrupción, nepotismo y presuntos favores personales.
Los «Consentidos» de Petro: Defensa a Toda Costa
Gustavo Petro ha salido en defensa de Guerrero y Roa en múltiples ocasiones, incluso después de que las irregularidades salieran a la luz. Para Guerrero, en octubre de 2025, el presidente tuiteó minimizando el escándalo de sus títulos universitarios, sugiriendo que solo faltaba un examen pendiente y cuestionando por qué «se quieren ‘tirar’ una muchacha» tan activa y rebelde. Esta postura se mantiene: fuentes cercanas al gobierno indican que Petro la considera parte de su «guardia pretoriana», y a pesar de la imputación anunciada el 9 de febrero de 2026, no ha habido distanciamiento público. De hecho, Guerrero sigue vinculada a roles como representante en consejos universitarios, como el de la Universidad Popular del Cesar, lo que ha generado críticas por presunto nepotismo.
En el caso de Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña «Petro Presidente» en 2022, Petro lo ha calificado como un aliado indispensable, manteniéndolo en el cargo pese a las sanciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre de 2025 por violación de topes electorales. Críticos como el expresidente Andrés Pastrana han señalado que Petro y Roa son «hermanos siameses» en este tema, ya que el presidente era el candidato responsable. Fuentes internas afirman que Petro ve estas investigaciones como parte de un «golpe blando» contra su administración, y no ha pedido su renuncia, a pesar de que algunos miembros de la junta de Ecopetrol discuten apartarlo temporalmente por daño reputacional a la empresa.
Esta lealtad ciega plantea preguntas: ¿por qué Petro justifica a personas con evidencias tan claras en su contra? Los delitos son comprobables, con documentos, testimonios y auditorías que respaldan las imputaciones. Para Guerrero, la Fiscalía pide hasta 10 años de prisión (pena que podría oscilar entre 6 y 12 años por fraude procesal, según expertos penalistas), más detención domiciliaria preventiva. En el caso de Roa, enfrenta de 4 a 8 años por violación de topes, sin medida de aseguramiento solicitada aún.
Juliana Guerrero: Títulos Falsos, Influencia y Rumores que Persisten
Juliana Guerrero, exasesora cercana a Petro y aspirante al Viceministerio de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, enfrenta cargos por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso. La investigación revela que presentó títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable de la Fundación Universitaria San José sin evidencia de asistencia a clases, evaluaciones o trabajo de grado. Estos documentos fueron usados para acceder a cargos públicos, lo que agrava el fraude. La Fiscalía, bajo Deicy Jaramillo Rivera, radicó la imputación junto a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la fundación, y solicita prisión domiciliaria.
Su ascenso rápido en el gobierno ha generado especulaciones en redes y círculos políticos. Se insinúa que su cercanía con Petro y Armando Benedetti quien supuestamente la «introdujo» al círculo podría no basarse solo en méritos profesionales, sino en relaciones personales que facilitaron contratos, viajes en aviones oficiales y un lujoso estilo de vida, incluyendo un apartamento en Rosales valorado en miles de millones. En X y TikTok, términos como «prepago» circulan ampliamente entre opositores, refiriéndose a presuntos favores íntimos por poder, aunque sin pruebas judiciales. Estos rumores, impulsados por posts virales, pintan un cuadro de influencia indebida, pero la Fiscalía se centra en lo académico, no en lo personal.
Ricardo Roa: Topes Electorales Irregulares y Tráfico de Influencias
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol desde 2023, es imputado por violación de topes electorales durante la campaña de Petro en 2022, donde fungió como gerente. La Fiscalía acusa gastos no reportados por más de $5.300 millones, incluyendo aportes irregulares de sindicatos y el Pacto Histórico, superando límites en $3.042 millones. El CNE ya lo multó, y ahora enfrenta cargos penales que podrían llevarlo a 4-8 años de prisión. Adicionalmente, se investiga tráfico de influencias por la compra de un penthouse lujoso en Bogotá, posiblemente linked a favores con empresarios como Serafino Iacono.
Su defensa niega las irregularidades y afirma no haber sido notificada formalmente, pero el impacto en Ecopetrol es evidente: analistas predicen caídas en acciones y pérdida de confianza inversionista.
Sumándose a la Larga Lista de Delincuentes en el Gobierno Petro
Guerrero y Roa no son casos aislados; se suman a una cadena de escándalos que han salpicado al petrismo desde 2022. Investigaciones revelan al menos 24 controversias mayores, involucrando corrupción, abuso de poder y financiamiento irregular. Aquí algunos ejemplos clave:
- UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres): El mayor escándalo, con sobornos a congresistas por $1 billón. Implicados: Exministros Ricardo Bonilla (cárcel por corrupción) y Luis Fernando Velasco (cárcel por sobornos); Olmedo López (exdirector, delató a 26 funcionarios); Sneyder Pinilla (exsubdirector, sobornos a Iván Name y Andrés Calle); Sandra Ortiz (excongresista, lavado); Carlos Ramón González (exjefe de inteligencia).
- Nicolás Petro (hijo del presidente): Lavado de activos y enriquecimiento ilícito; recibió fondos de narcotraficantes como «Papá Pitufo» para la campaña. Implicó a 17 personas, incluyendo financistas cuestionados.
- Laura Sarabia: Chuzadas ilegales a niñera, abuso de poder; vinculada a robo en salud y otros.
- Armando Benedetti: Acusado de tráfico de influencias, uso indebido de aviones; en Lista Clinton por corrupción.
- Otros: Iván Velásquez (exministro, orden de captura en Guatemala por Odebrecht); Antonio Sanguino (corrupción); David Racero (irregularidades); María Isabel Urrutia (exministra del Deporte, hallazgos por $31.000 millones); sobrecostos en carrotanques, «Pacto de la Picota», y sanciones de EE.UU. a Petro y familia en Lista Clinton.
Estos casos, documentados por Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema, erosionan el discurso anticorrupción de Petro. Con elecciones en 2026 acercándose, ¿seguirá defendiendo a sus «consentidos» o enfrentará la realidad?