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En plena antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el gobierno de Gustavo Petro ha desatado una avalancha de contratación estatal que huele a desesperación electoral. La Contraloría General de la República y múltiples denuncias opositoras alertan sobre un «pico inusual» de contratos firmados a toda prisa justo antes de que entraran en vigor las restricciones de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), norma diseñada precisamente para impedir el uso de recursos públicos en clientelismo y compra de votos.
El caso más escandaloso ocurrió en noviembre de 2025: entre el 1 y el 7 de ese mes, se comprometieron $9 billones en convenios interadministrativos, de los cuales $6,1 billones (el 68% del total) se firmaron en un solo día, el 7 de noviembre último antes de que prohibiera estos convenios desde el 8 de noviembre. La Contraloría calificó esta concentración como «inusual» y un incremento del 190% respecto al promedio mensual previo (que rondaba los $2,1 billones). Este salto desató alertas tempranas por riesgos de corrupción y desviación de fondos para fines proselitistas.
Pero el derroche no paró ahí. En enero de 2026, justo antes de que el 31 de enero prohibiera la contratación directa en todo el Estado, el gobierno firmó 85.826 contratos de prestación de servicios por cerca de $5,1 billones en solo 28 días un promedio de más de 3.100 contratos diarios. Otras denuncias hablan de hasta 6.000 contratos por $609 mil millones en tres semanas, duplicando nóminas en entidades clave y creando una «feria de contratos corbata» para garantizar lealtades.
Críticos como el Centro Democrático, exfuncionarios y congresistas opositores lo llaman sin rodeos: compra de votos anticipada. Detrás de cada contrato de prestación de servicios (OPS) o vinculación temporal hay familias enteras dependientes del Estado, listas para «retribuir» con su voto al Pacto Histórico o candidatos afines como Iván Cepeda. Denuncias en redes y medios señalan que estos movimientos violan el espíritu de la Ley de Garantías, que busca blindar la contratación pública para evitar que el Ejecutivo use el erario como maquinaria electoral.
La Ley prohíbe convenios interadministrativos con ejecución de recursos desde el 8 de noviembre de 2025 (para territoriales) y contratación directa desde el 31 de enero de 2026 (para todo el Estado), hasta mayo o junio si hay segunda vuelta. Solo permite licitaciones con pluralidad de oferentes. Sin embargo, el gobierno aceleró todo lo posible antes de las fechas, dejando un lastre de compromisos que el próximo mandatario deberá revisar por posibles vicios: falta de planeación, desviación de poder y contratos sin necesidad real.
Organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría han enfatizado que estas prácticas erosionan la democracia, fomentan corrupción y perpetúan el clientelismo. Mientras tanto, el gobierno defiende que son «necesidades administrativas», pero las cifras y el timing hablan solos: un «raspando la olla» descarado con plata de todos los colombianos para amarrar una base electoral en crisis.
¿Hasta cuándo se seguirá usando el Estado como agencia de colocación política? La Contraloría ya vigila, pero la ciudadanía exige respuestas. Este no es solo un escándalo administrativo: es un asalto a la equidad electoral y al bolsillo de los colombianos.