En Colombia, el sistema de salud se tambalea bajo el peso de una crisis que ha convertido el acceso a medicamentos en un «calvario diario» para millones de usuarios. Nueva EPS, la entidad promotora de salud (EPS) más grande del país con más de 11,7 millones de afiliados, representa el epicentro de este desastre. Desde la intervención forzosa por parte del Gobierno de Gustavo Petro en abril de 2024, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado dramáticamente, con deudas multimillonarias, embargos judiciales, protestas masivas y un aumento exponencial en las quejas por fallas en la atención. Esta intervención, justificada por el Ejecutivo como una medida para «detener la corrupción» y rescatar el sistema, ha sido calificada por críticos, expertos y hasta organismos internacionales como un fracaso rotundo impulsado por ideología en lugar de evidencia técnica, dejando a pacientes vulnerables al borde de la muerte por falta de tratamientos esenciales.
El Origen del Desastre: Una Intervención Ideológica que Empeoró Todo
La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en abril de 2024, bajo el argumento de «riesgo financiero y fallas en la prestación del servicio». El presidente Petro ha insistido en culpar al «modelo de aseguramiento privado» por las deficiencias del sistema, afirmando que las EPS priorizan ganancias sobre la salud y han causado «340 mil muertes evitables» en una década. Sin embargo, los hechos posteriores demuestran que la intervención gubernamental no solo falló en resolver estos problemas, sino que los exacerbó. En año y medio, se han nombrado tres interventores diferentes, sin que se presenten resultados financieros claros ni se resuelvan las deudas acumuladas.
Las deudas de Nueva EPS han explotado: de 18,31 billones de pesos en 2024, pasaron a 26,3 billones en 2025, y ahora enfrentan embargos por más de 2,1 billones de pesos impulsados por 95 clínicas y hospitales que reclaman pagos pendientes. Estos embargos bloquean cuentas clave, comprometiendo la operación diaria y agravando las filas interminables por medicamentos en ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué, Neiva y Popayán. En Antioquia, donde miles de usuarios dependen de esta EPS, la situación es particularmente grave: pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión reportan esperas de meses para resonancias magnéticas y tratamientos, forzándolos a gastar de su bolsillo sums como 410.000 pesos mensuales, como en el caso de Nancy Martínez.
Expertos como el exministro de Salud Augusto Galán han sido contundentes: «El Gobierno falló en la gestión. Pensaron que interviniendo resolverían todo, pero fue un error grave basado en una visión defectuosa». La Contraloría General de la República ha chocado directamente con el Ejecutivo, revelando que la crisis se profundizó bajo la intervención, con anticipos sin legalizar por 15 billones y facturas sin auditar por 22 billones. Petro, en cambio, defiende que la intervención «detuvo la corrupción», pero omite que su administración no ha logrado estabilizar el sistema, generando un «desorden que todo el mundo percibe», según el exministro Alejandro Gaviria.
El Calvario Diario de los Usuarios: Colas, Desabastecimiento y Muertes Evitables
Los testimonios son desgarradores. En Popayán, pacientes como Martínez llevan seis meses esperando exámenes especializados y tres meses sin medicamentos vitales como letrozol y metformina. En Neiva, la Defensoría del Pueblo interpuso una tutela contra el gestor farmacéutico Discolmets por restricciones que limitan la entrega de fórmulas, violando derechos a la salud y vida digna. En Ibagué, usuarios bloquearon vías en protesta por demoras de hasta 35 días, mientras en Bogotá la Personería alerta de un «colapso operativo» con el 49% de quejas por retrasos en medicamentos y fallas en software.
Las quejas se dispararon: de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025 a nivel nacional, pero en Nueva EPS el aumento fue del 107% (de 6.944 a 14.603), con picos de hasta 564% en departamentos como Huila y Vichada. Pacientes con VIH enfrentan interrupciones en retrovirales, cierres de programas especializados y miles sin atención en regiones como el Caribe. Asociaciones como Pacientes de Alto Costo denuncian una «crisis humanitaria» con muertes no oficiales por falta de tratamientos, y acusan al Gobierno de indiferencia.
Ineficiencia, Ideología y Negligencia
La Asociación de Pacientes respondió directamente a Petro: «Las intervenciones han sido un FRACASO TOTAL. Hoy no tenemos Ministerio de Salud ni Supersalud. Usted pasará a la historia como el presidente que dejó sin salud a los colombianos». La revista British Medical Journal publicó un artículo titulado «Cómo la política de Petro destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia», argumentando que las reformas desmantelaron un sistema referente en América Latina por priorizar ideología sobre evidencia, cierres de servicios y aumento de mortalidad.
El gremio de EPS (Acemi) acusa al Gobierno de amenazas en lugar de soluciones, mientras la Procuraduría exige cumplimiento de planes de contingencia para medicamentos, sin resultados visibles. Cambios como el fin de contratos con Colsubsidio en enero de 2026 han dejado a usuarios sin dispensación en todo el país, con nuevos gestores como MEDIC Colombia improvisando sin planes efectivos. En febrero de 2026, Nueva EPS se comprometió con la Defensoría a estabilizar pagos y entregas, pero pacientes siguen reportando agresiones a trabajadores y cierres de puntos de atención.
La crisis en Nueva EPS no es solo un problema logístico; es el reflejo de un Gobierno que, bajo Petro, priorizó una agenda ideológica contra las EPS privadas sin preparar un plan viable, resultando en negligencia que cuesta vidas. Mientras el presidente defiende que «la salud va bien», millones sufren barreras que violan derechos fundamentales. Es hora de que el Ejecutivo asuma responsabilidad, libere recursos embargados y priorice a los pacientes sobre narrativas políticas. De lo contrario, esta «masacre administrativa» continuará, y Colombia pagará un precio humano irreparable.