En un contexto de inflación persistente y presiones económicas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, liderada por Cielo Rusinque, ha desatado una tormenta de controversia al enviar requerimientos a más de 50 empresas para que detallen exhaustivamente cómo fijan sus precios, aplican descuentos y determinan márgenes de ganancia. Esta medida, que Rusinque defiende como una simple «inspección rutinaria» para proteger a los consumidores, ha sido calificada por gremios empresariales como una intromisión indebida que roza el control de precios indirecto. Lejos de ser una herramienta neutral, esta iniciativa representa una terrible idea que no solo falla en abordar las raíces de la inflación, sino que viola derechos fundamentales de los ciudadanos y empresarios.
El Contexto de la Medida: ¿Vigilancia o Intervencionismo?
La SIC ha emitido requerimientos a compañías como Totto, Whirlpool, Panamericana Librería, Olímpica y decenas más, solicitando información detallada sobre criterios para fijar precios, márgenes mínimos de ganancia, influencia de variables como costos de importación y logística, y hasta el uso de algoritmos o sistemas automatizados para determinar descuentos. Rusinque ha insistido en que no se trata de fijar precios, sino de verificar prácticas justas y evitar «engaños» como falsos descuentos durante eventos como el Black Friday. En entrevistas, ha repetido frases como «el que nada debe, nada teme», posicionando la medida como una oportunidad para que las empresas demuestren transparencia.
Sin embargo, el alcance de estos requerimientos va más allá: incluyen datos sobre inventarios, evoluciones en tasas de cambio y vigencia de precios por al menos 24 horas seguidas. Rusinque ha anunciado que se extenderán a más de 50 empresas en los próximos meses, argumentando que es parte de su rol en la protección al consumidor y en respuesta a denuncias sobre abusos. Esto surge en un momento sensible, tras el alza del salario mínimo en un 23% para 2026, con el gobierno buscando evitar que este incremento se traduzca en «especulación irracional» de precios.
Por Qué Esta Es una Terrible Idea: Razones Económicas y Prácticas
Esta iniciativa de la SIC es fundamentalmente defectuosa por varias razones que van desde fallos económicos históricos hasta ineficiencias prácticas. En primer lugar, aunque Rusinque niega que sea un control de precios, en la práctica actúa como uno indirecto al obligar a las empresas a justificar cada decisión comercial. Los controles de precios han fallado estrepitosamente en países como Venezuela y Argentina, donde han generado escasez, mercados negros y desincentivos a la producción. En Colombia, esto podría distorsionar el mercado libre, donde los precios se ajustan naturalmente por oferta y demanda, llevando a una burocracia asfixiante que eleva costos operativos para las empresas y, paradójicamente, podría aumentar precios para los consumidores.
En segundo lugar, asume una mala fe generalizada en el sector privado, lo que erosiona la confianza entre el Estado y los empresarios. Gremios como Fenalco y la ANDI han criticado que esto excede las funciones de la SIC, convirtiéndola en una «Superintendencia de Precios» sin base legal. El Consejo Gremial ha advertido que tales intervenciones no resuelven la inflación causada por factores globales como la cadena de suministro y el cambio climático sino que desvían la atención de fallas estatales, como la ineficiente ejecución presupuestal.
Además, es ineficiente: recopilar y analizar datos de cientos de empresas requerirá recursos masivos de la SIC, potencialmente sin resultados tangibles. Históricamente, intervenciones similares en economías mixtas han desincentivado la inversión extranjera, ya que las empresas perciben un entorno hostil y regulado en exceso. En un país como Colombia, que depende de la iniciativa privada para el crecimiento, esto podría frenar la recuperación post-pandemia y agravar el desempleo.
Cómo Viola los Derechos de los Ciudadanos: Una Crítica a la Extralimitación Estatal
Más allá de lo económico, esta medida viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución Colombiana y en principios internacionales. Principalmente, atenta contra la libertad de empresa (Artículo 333 de la Constitución), que protege la autonomía de las compañías para fijar precios sin interferencia estatal injustificada. Al exigir detalles sensibles como algoritmos internos y estructuras de costos, la SIC invade la privacidad comercial, exponiendo secretos empresariales que podrían filtrarse o usarse en contra de las compañías, violando el derecho a la propiedad privada (Artículo 58).
Para los ciudadanos comunes, esto implica una violación indirecta de derechos: un mercado intervenido limita opciones y calidad de productos, afectando el derecho al libre desarrollo económico (Artículo 334). Además, el perfil ideológico de Rusinque criticado por ser hostil a la empresa privada sugiere un sesgo intervencionista que prioriza el control estatal sobre la libertad individual. Esto erosiona la confianza en instituciones como la SIC, convirtiéndola en un brazo político en lugar de un regulador neutral. En última instancia, asume que los consumidores son incapaces de decidir por sí mismos, paternalizando decisiones que deberían ser libres, lo que choca con principios democráticos de autonomía personal.
Críticamente, esta política refleja un patrón de intervencionismo gubernamental que ignora lecciones históricas: en lugar de fomentar competencia real (por ejemplo, reduciendo barreras a importaciones o invirtiendo en infraestructura), opta por vigilancia punitiva. Es una receta para el estancamiento, donde el Estado, en su afán de «proteger», termina asfixiando la innovación y la prosperidad.
Un Llamado a la Razón y la Libertad
La iniciativa de la SIC no es solo una «inspección», sino un paso peligroso hacia mayor control estatal que amenaza el tejido económico de Colombia. Es una terrible idea porque ignora evidencias económicas, genera ineficiencias y viola derechos esenciales como la libertad de empresa y la privacidad. En lugar de perseguir a las empresas, el gobierno debería enfocarse en reformas estructurales que aborden la inflación de raíz. Si no se revierte, esta medida podría marcar el inicio de un camino resbaladizo hacia economías fallidas. Los colombianos merecen un mercado libre, no un Estado vigilante.