José Gotardo Pérez Soto, un coronel retirado de la Policía Nacional, representa un caso paradigmático de cómo las intervenciones judiciales y las relaciones políticas pueden generar serias dudas sobre la integridad en la administración pública. Su involucramiento en un episodio controvertido durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, combinado con su postulación reciente a un puesto de alta responsabilidad, invita a un escrutinio riguroso sobre posibles conflictos de interés y favoritismos que socavan la confianza en las instituciones estatales.
Antecedentes Profesionales Bajo Escrutinio
Aunque Pérez Soto ostenta un historial en el Departamento de Policía del Huila, donde comandó operaciones contra grupos armados ilegales y recibió la Medalla Cívica Ciudad de Bogotá en 2011, estos logros palidecen ante las sombras que proyectan sus decisiones posteriores. Su carrera, en apariencia dedicada a la seguridad, parece haber derivado en una red de conexiones que priorizan lealtades personales por encima del servicio imparcial al Estado.
En enero de 2014, Pérez Soto presentó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, posicionándose como agente oficioso de Gustavo Petro, entonces alcalde destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría debido a irregularidades en el manejo del servicio de aseo. Esta intervención no solo suspendió provisionalmente la sanción permitiendo a Petro retomar temporalmente el cargo, sino que también alimentó sospechas de manipulación judicial en beneficio de intereses particulares.
A pesar de sus declaraciones en entrevistas (como en El Espectador y Blu Radio), donde afirmó actuar por la defensa de derechos electorales, el hecho de que esta fuera su única tutela en la vida plantea interrogantes sobre motivaciones ocultas. Las amenazas reportadas por correo electrónico no disipan las críticas de que su acción fue un cálculo estratégico para asegurar favores futuros, erosionando la percepción de imparcialidad en el sistema judicial.
Indicios de Favoritismo
Entre 2011 y 2013, Pérez Soto suscribió al menos cuatro contratos con entidades de la Alcaldía de Bogotá por un monto aproximado de 184 millones de pesos, enfocados en asesorías de seguridad para la Secretaría de Gobierno, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, y la Policía Metropolitana. Estos acuerdos, celebrados en proximidad temporal a la tutela de 2014, sugieren una relación de reciprocidad que compromete la ética pública. Aunque no se han probado irregularidades formales, la coincidencia temporal con el apoyo a Petro implica un patrón de clientelismo que prioriza alianzas políticas sobre la meritocracia, socavando la confianza en los procesos de contratación estatal.
El 28 de enero de 2026, Pérez Soto emergió como aspirante al cargo de Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), una entidad encargada de administrar pensiones y retiros de uniformados (código 1-2 grado 17). Esta aspiración, interpretada por críticos como una recompensa por su lealtad pasada, genera alarma dada su edad aproximada de 80 años y la sensibilidad de los recursos manejados.
En un contexto de percepciones de favoritismo, surge la preocupación legítima de que tal nombramiento podría exponer los fondos de pensiones a riesgos de malversación o gestión inadecuada, priorizando intereses partidistas sobre el bienestar de los retirados policiales. Sin antecedentes probados de corrupción, el mero patrón de conducta invita a cuestionar si esta posición representa un mecanismo para perpetuar redes de poder, en detrimento de la transparencia institucional.
La figura de José Gotardo Pérez Soto ejemplifica cómo las lealtades políticas pueden distorsionar el acceso a cargos públicos, generando dudas profundas sobre la integridad del sistema. Sus acciones pasadas y aspiraciones actuales demandan una investigación exhaustiva por parte de autoridades competentes para asegurar que las instituciones no se conviertan en herramientas de clientelismo. La sociedad colombiana merece líderes cuya trayectoria no esté empañada por sombras de favoritismo, y este caso subraya la urgencia de reformas que prioricen la responsabilidad sobre las alianzas personales.