En Colombia, un país marcado por décadas de conflicto armado, desigualdad social y un machismo arraigado, el abuso sexual infantil no es solo un delito aislado, sino un problema sistémico que permea tanto las esferas políticas como las culturales. Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2025 se registraron más de 19.000 casos de violencia sexual contra menores, un reflejo alarmante de cómo la vulnerabilidad de la niñez se explota en contextos de poder y pobreza. Este artículo explora cómo figuras políticas del actual gobierno de Gustavo Petro autodenominado «Gobierno del Cambio» han sido vinculadas a acusaciones verificadas de abusos, y cómo estos casos se entrelazan con una normalización cultural que ve a las niñas como objetos de deseo. A través de testimonios, datos y análisis, buscamos denunciar esta realidad para fomentar un cambio urgente, recordando que la protección de la infancia no debe ser un eslogan, sino una prioridad inquebrantable.
Políticos del Gobierno Actual Implicados en Actos Verificados de Abuso
El gobierno de Gustavo Petro, que asumió en 2022 con promesas de equidad y protección a vulnerables, ha enfrentado escándalos que cuestionan su coherencia en temas de infancia y género. Aunque no todos los casos involucran pedofilia confirmada en corte, enfocamos en aquellos con pruebas verificadas como testimonios judiciales, imputaciones fiscales o evidencias públicas. Estos no solo afectan a funcionarios directos, sino a aliados en coaliciones como el Pacto Histórico y partidos derivados de procesos de paz.
Uno de los casos más graves es el de Freddy Arley Castellanos, contratista en un jardín infantil operado bajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad gubernamental. En mayo de 2025, Castellanos fue capturado e imputado por la Fiscalía por acceso carnal violento y actos sexuales abusivos contra al menos ocho niños menores de cinco años en Bogotá. Testimonios de las víctimas, respaldados por exámenes médico-legales que detectaron VIH en algunos infantes, confirman los abusos en baños y aulas del jardín Canadá. La fundación que lo contrató no cumplía requisitos, revelando negligencia institucional durante la administración Petro. Aunque no es un político de alto rango, este escándalo destaca fallas en políticas de infancia del «Gobierno del Cambio».
Otro caso verificado involucra a Daniel Mendoza Leal, nominado por Petro como embajador en Tailandia en diciembre de 2024. Mendoza renunció tras resurgir publicaciones en X donde expresaba «satisfacción» con relaciones sexuales con «niñas» o «colegialas», a menudo en contextos de drogas. Capturas de pantalla y reportes periodísticos confirman los tuits, calificados como promoción de violencia sexual por la Defensora del Pueblo. Una carta firmada por más de 100 figuras públicas exigió su revocatoria, argumentando incompatibilidad con un país vulnerable al turismo sexual infantil. Mendoza defendió los comentarios como «ficción literaria», pero las evidencias públicas llevaron a su retiro.
Un ejemplo emblemático de impunidad post-conflicto es Sandra Ramírez Lobo, alias «Griselda Lobo» o conocida como «la carnicera de las FARC». Exguerrillera y actual senadora por el partido Comunes (derivado de las FARC), Ramírez ha sido acusada por víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en campamentos guerrilleros. Testimonios verificados, como el de Deisy (reclutada a los 11 años), relatan cómo Ramírez seleccionaba niñas para desfilar en ropa interior ante comandantes, incluyendo su esposo José Juvenal Velandia (alias «Iván Ríos»), señalado como pedófilo. Deisy narró en entrevistas que estas prácticas facilitaban violaciones sistemáticas, con Ramírez participando activamente en la «selección» de víctimas. El informe «Testimonios de la Rosa Blanca» del Centro Nacional de Memoria Histórica recopila relatos similares de mujeres reclutadas, detallando abusos como abortos forzados y explotación sexual. La Corte Suprema investiga a Ramírez por amenazas a la directora de Rosa Blanca, un grupo de víctimas, pero ella ocupa un escaño congresional gracias al Acuerdo de Paz, simbolizando cómo el daño a menores queda impune en la transición política.
Estos casos, verificados por fiscalías, testimonios judiciales y reportes independientes, contrastan con el discurso progresista del gobierno, revelando una brecha entre retórica y acción.
El Factor Social: Normalización del Abuso en Colombia
Más allá de la política, el abuso infantil se arraiga en una cultura donde el machismo normaliza la sexualización precoz. En muchas comunidades, relaciones entre niñas de 13 años y hombres de 24 se ven como «saludables», con mitos como que un «novio mayor» con «buena mano» «embellece» el cuerpo. Esta percepción, ignora el consentimiento y perpetúa ciclos de violencia, llevando a altos índices de embarazos adolescentes y abusos intrafamiliares.
En ciudades como Medellín, la prostitución infantil se vende como «carne fresca» a turistas extranjeros, especialmente gringos. Reportes de 2025 indican capturas de 39 personas por explotación sexual de menores, ligada a turismo en zonas como El Poblado. Niñas de 10 a 17 años son traficadas a través de redes en apps y hoteles, agravado por pobreza y migración. La Defensoría del Pueblo estima que el 70% de víctimas son niñas, víctimas de un sistema que las objetiviza. Este fenómeno se extiende a Cartagena y Bogotá, donde el turismo sexual explota vulnerabilidades económicas.
El machismo cultural agrava esto: en música popular, como la canción «+57» de Karol G y otros (2024), letras originales sexualizaban a una «mamacita desde los fourteen», normalizando la atracción por menores antes de ser editadas por críticas. El machismo enseña a las jóvenes que su valor radica en la atracción sexual, perpetuando daños psicológicos como baja autoestima, depresión y perpetuación de abusos en generaciones futuras.
Como sociedad, Colombia debe confrontar esta sombra: ¿cómo un «Gobierno del Cambio» tolera figuras ligadas a abusos, y cómo permitimos que la cultura vea a las niñas como objetos? Cada testimonio es un llamado a acción: fortalecer leyes, invertir en educación sexual y apoyo a víctimas.
Para el lector: reflexiona sobre tu entorno; denuncia, educa y protege. Solo rompiendo el silencio construiremos un país donde la infancia sea sagrada, no mercancía.
Fuentes
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Boletín Estadístico, febrero 2025, «Las atrocidades de las FARC con menores: ‘Sandra Ramírez nos seleccionaba para que nos violaran'». Entrevista a Deisy, 6AM Hoy por Hoy, Centro Nacional de Memoria Histórica. «Testimonios de la Rosa Blanca: Historias de mujeres víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual». 2022, El Meridiano: «Corte la investiga por violencia sexual». Artículo sobre investigación a Sandra Ramírez, Yahoo Noticias: Polémica por mensajes de Daniel Mendoza sobre sexo con menores, El Colombiano: Captura de Freddy Castellanos por abusos en jardín infantil, Defensoría del Pueblo: Reportes sobre explotación sexual en Medellín, 2025, Infobae: Defensa de Mendoza y tuits sexistas, EL PAÍS, Semana, W Radio.