Una semana clave. Un gobierno al filo de la legalidad. Y una Corte que podría ser la última barrera ante el uso arbitrario del poder.
Mientras el país lidia con inflación, desempleo y desconfianza generalizada, el gobierno de Gustavo Petro insiste en blindarse detrás de decretos excepcionales para seguir legislando sin control. Pero esta vez, la Corte Constitucional podría ponerle un alto.
El decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 que declaró la emergencia económica por 30 días ya perdió vigencia. Sin embargo, el Ejecutivo busca extenderla sin haber demostrado la “urgencia” y “hechos imprevisibles” exigidos por la Constitución. ¿La razón oficial? Supuestamente contener una crisis fiscal. ¿La real? Legislar sin Congreso, imponer nuevos impuestos por decreto y esquivar los pesos y contrapesos.
El magistrado Carlos Camargo lo dejó claro: el decreto carece de justificación sólida y pone en riesgo el equilibrio institucional. Su ponencia pide suspender provisionalmente la medida. Pero desde Casa de Nariño se juega otra ficha: recusaron al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, por haberse pronunciado públicamente sobre el proceso. Si lo sacan, cambian las mayorías internas y salvan la jugada.
¿Decretazo tributario sin crisis real?
Más allá del debate técnico, lo que está en juego es profundo: ¿puede el gobierno seguir inventando impuestos y políticas económicas sin pasar por el Congreso? Petro lo ha intentado: impuso IVA del 19% a bebidas alcohólicas y apuestas en línea, gravó patrimonios y aplicó un «aporte solidario» a empresas energéticas, todo por decreto.
El problema no es solo legal, sino profundamente político: si se permite este precedente, cualquier gobierno podría eludir el debate democrático alegando una supuesta emergencia. Lo grave es que este no es un hecho fortuito: ya es la tercera vez que el Gobierno Petro recurre a figuras extraordinarias para gobernar por decreto, vulnerando el mandato constitucional.
Análisis ciudadano: el costo de la improvisación
Desde el punto de vista ciudadano, la emergencia económica no ha servido para resolver el hambre ni la crisis de servicios públicos. Ha servido para subir impuestos a escondidas, presionar a empresarios con “solidaridad” forzada, y estirar al límite las competencias del Ejecutivo.
La Corte ha recibido conceptos de juristas y economistas independientes que coinciden: no hay hechos imprevisibles que justifiquen la medida. Lo que hay es improvisación, afán de recaudo sin reformas estructurales, y una política económica tambaleante.
Petro: más relato, menos República
Gustavo Petro se ha convertido en el primer mandatario en décadas en gobernar a través de figuras de excepción como si fueran ordinarias. A nombre del “pueblo” salta los controles democráticos. A nombre de la “transformación”, hace populismo fiscal. El resultado es predecible: desinstitucionalización, incertidumbre jurídica y un Estado cada vez más frágil ante la concentración de poder.
Este nuevo episodio confirma un patrón: el desprecio por el Congreso, por la deliberación pública, por la técnica jurídica. Petro gobierna desde la tribuna, no desde la Constitución.
Conclusión: el último bastión
Esta semana, la Corte Constitucional tiene la oportunidad y la responsabilidad de frenar un abuso institucional sin precedentes. No se trata de un tecnicismo: se trata de evitar que la democracia sea gobernada por decreto.
Colombia necesita soluciones, no excusas. Necesita responsabilidad fiscal, no discursos. Y necesita un presidente que respete las instituciones, no que las use como herramientas para imponer su voluntad.
Porque cuando se normaliza el estado de excepción, se pierde el Estado de Derecho.