El Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC) ha sufrido cambios profundos en la era Petro. Informes periodísticos y auditorías señalan que el canal estatal se usa como plataforma de ataque político al adversario en vez de promover la pluralidad informativa. Según El País, periodistas dentro de RTVC denuncian que Hollman Morris amigo cercano del presidente “ha decidido usar los medios públicos como un instrumento político” para favorecer al Gobierno. Reportes internos coinciden en que se ordenó “darle protagonismo al presidente” incluso en contenidos ajenos a su gestión, mientras se restringe la presencia de voces críticas. La Fundación para el Estado de Derecho advierte que RTVC “ha incurrido en actuaciones y omisiones que comprometen la independencia editorial y la diversidad de contenidos” bajo la gerencia de Morris. En la práctica, esto ha llevado a la reducción o eliminación de espacios educativos y culturales y al aumento de programas con enfoque oficialista (por ejemplo, el matutino El Calentao o la franja La Base dirigida por el español Pablo Iglesias).
Censura y persecución interna
La libertad de expresión interna en RTVC también está en entredicho. En los últimos años ha habido salidas masivas de directivos y periodistas que denunciaron presiones editoriales. Entre 2023 y 2025 renunciaron figuras clave como Silvana Orlandelli (directora de Señal Colombia) y Lina Moreno (directora de Canal Institucional) tras acusar al gerente Morris de “hostigamiento, desconfianza y acoso” laboral. Ambos señalaron que Morris las excluyó de decisiones y cambió la programación sin consultarlas, obligándolas a dimitir por el “ambiente laboral” adverso que vivieron. La demanda ciudadana presentada por la Fundación para el Estado de Derecho documenta estos hechos: enumera la renuncia de al menos diez periodistas y directivos de RTVC en los últimos dos años, citando “presiones editoriales, censura y un ambiente laboral adverso” como motivo. Una de las denunciantes resumió su experiencia en RTVC: “Me voy porque quedarme me estaba costando demasiado. Costando salud, costando energía, costando fuego”. Estos testimonios sugieren que en RTVC se ha perseguido internamente a quienes no se alinean con la línea política del Gobierno.
Etiquetado y estigmatización de la oposición
RTVC Noticias ha difundido la retórica oficial que estigmatiza a críticos del Gobierno. Por ejemplo, reprodujo sin reparos un mensaje presidencial en el que el propio Petro afirmó que quienes viajan a EEUU “a hablar con la extrema derecha” (refiriéndose a aliados uribistas) “no son oposición, sino traidores a Colombia”. En los propios medios estatales se dio cobertura al anuncio de la Fiscalía de investigar a líderes de la oposición –como María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe y otros– por un supuesto “hostigamiento por motivo de ideología” hacia RTVC y su gerente. Estos ejemplos muestran cómo RTVC amplifica discursos del gobierno para asociar a la disidencia política con epítetos como “ultraderecha”, “traidores” o supuestos vínculos con paramilitares, contribuyendo a polarizar el debate público y a silenciar voces críticas.
Contrataciones e influenciadores afines
El alineamiento político de RTVC se refleja también en sus contrataciones. Investigaciones periodísticas revelan que creadores de contenido alineados con el Gobierno han recibido jugosos contratos con recursos públicos. El Espectador identificó al menos 18 “influencers” con contratos estatales vigentes en 2025 (por COP 731 millones en total), muchos de ellos vinculados a RTVC. Destacan, entre otros, Levy Rincón y Walter Rodríguez –presentadores del programa Política al revés en RTVC–, y David Rozo (‘Don Izquierdo’), todos con acuerdos estatales. El periódico El Colombiano documentó pagos adicionales a figuras como Walter Alfonso Rodríguez (‘Wally Opina’) y Jader David Rozo (‘Don Izquierdo’) por crear contenidos “jurídicos y periodísticos” para RTVC (COP 45.600.000 y 35.550.000 respectivamente). Incluso el propio sistema de medios estatales contrató al exfiscal Eduardo Montealegre –reconocido denunciante de la oposición– mediante su firma, adjudicándole sumas superiores a COP 842 millones (cerca de COP 325 millones solo en dos contratos con RTVC). Estas contrataciones han sido criticadas por constituir una red de afiliados políticos financiados con recursos del Estado para reforzar la agenda gubernamental.
Despilfarro y anomalías presupuestales
El manejo financiero de RTVC está plagado de irregularidades según la Contraloría y medios de prensa. La Contraloría General reportó que al cierre de 2023 RTVC dejó sin ejecutar más de COP 12.089 millones de su presupuesto oficial (de unos COP 308.361 millones), advirtiendo sobre el riesgo que esto implica para futuras metas de inversión. Además, detectó hallazgos fiscales por contratos incumplidos que suman COP 9.371 millones. Un caso emblemático es el polémico “Concierto de la Esperanza” financiado por RTVC: tuvo un costo superior a COP 2.290 millones y cifras de asistencia posiblemente infladas (RTVC afirmó 30.000 personas versus 19.322 de fuentes independientes). También se ha denunciado una alianza cuestionable con el canal venezolano Telesur –vinculado al régimen de Maduro– para “mejorar la imagen de Petro” usando fondos públicos. En resumen, las auditorías señalan que el presupuesto de RTVC se ha gastado en gran medida en propaganda oficial y eventos políticos, en lugar de contenido educativo o cultural al servicio de todos los colombianos.
En síntesis, los datos disponibles –verificados por medios nacionales e investigaciones sociales– dibujan un panorama alarmante: RTVC Noticias está operando como un aparato de prensa oficialista bajo Petro. Se documenta sesgo editorial, censura interna, nombramientos políticos y gastos elevados en propaganda. A la luz de estas evidencias, resulta inadmisible que medios públicos, financiados por impuestos de todos los ciudadanos, funcionen como tribunas partidistas. El uso del Estado para difundir un discurso homogéneo erosiona la democracia y la confianza social. Es hora de exigir transparencia y pluralidad informativa en RTVC, y de poner freno al uso propagandístico del Estado por parte de Gustavo Petro y sus colaboradores.
Fuentes: análisis de El País, Infobae, El Colombiano y reportes oficiales sobre RTVC