Atentado con granada en Santa Fe: detalles del hecho

La noche del jueves 22 de enero de 2026, hacia las 9:00 p.m., una granada fue lanzada desde una motocicleta negra contra dos establecimientos nocturnos de la calle 23 con carrera 16, en el barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires). El ataque causó una víctima fatal un hombre de la tercera edad y decenas de heridos. Según la Policía Metropolitana, inicialmente siete personas resultaron afectadas (tres con heridas por esquirlas y cuatro por aturdimiento), pero más tarde se elevó el balance a 14 atendidos por los servicios de salud. Uno de los lesionados, un mesero de unos 75 años conocido como “Rochi”, murió horas después en la clínica. En total, fuentes oficiales confirmaron “una persona muerta y al menos 13 heridas”. Entre los heridos había meseros, porteros, trabajadoras sexuales y transeúntes que departían en la vía pública. Bomberos y Policía acordonaron la zona para atender la emergencia y descartar otros artefactos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó por redes sociales que el artefacto explosivo fue lanzado a las 9:08 p.m. desde una moto, y ordenó intervención policial inmediata del sector.

Hipótesis sobre el móvil

Las autoridades manejan varias hipótesis. Inicialmente se pensó en un ajuste de cuentas o extorsión: el administrador de uno de los locales (el hotel-bar Troya Suites) había recibido llamadas amenazantes meses atrás. De hecho, investigaciones revelan que ese negocio soportó intentos de extorsión desde 2023 (incluyendo el lanzamiento previo de una granada que no estalló) y seguían las amenazas contra sus empleados. Por ello, Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, apuntó al presunto cobro de “vacunas” como línea inicial. Sin embargo, medios locales señalan que los investigadores descartan la hipótesis de extorsión como causa principal. Un informe de El Tiempo indica que todo apunta más bien a una retaliación entre bandas criminales que se disputan el control de esa zona de microtráfico. En este escenario, no se descarta que el ataque estuviera dirigido a una persona concreta que salía del local, más que al establecimiento en sí. En síntesis, las pistas apuntan tanto a un atentado por extorsión contra los dueños del bar como a una guerra entre pandillas (o un ajuste de cuentas) en un barrio donde conviven actividades nocturnas y delitos asociados al narcotráfico.

Declaraciones oficiales

La Policía Metropolitana y el alcalde Galán fueron la fuente oficial de detalles. El general Giovanni Cristancho informó que “dos individuos se movilizaban en una motocicleta […] y lanzaron una granada, lo que provocó heridas a 14 personas, de las cuales una falleció posteriormente”. Agregó que la mayoría de las víctimas eran trabajadores del lugar (meseros, porteros) que departían afuera, y que se determinará si el atentado fue contra ellos o el establecimiento. Por su parte, Galán reportó inicialmente que “hacia las 9:08 p.m. se había registrado el lanzamiento de una granada” con un saldo preliminar de siete afectados, y luego confirmó el deceso del adulto mayor. Ambos coincidieron en reforzar la presencia policial en Santa Fe y activar cámaras y operativos para identificar responsables. El Concejal opositor Andrés Barrios (Centro Democrático) manifestó indignación: “La ciudad no puede quedar a merced de los criminales”, expresando solidaridad con las víctimas y exigiendo acción firme contra la delincuencia. En redes sociales ciudadanos e instituciones también condenaron el hecho como “terrorismo urbano” y pidieron medidas urgentes, aunque los comentarios eran más contundentes entre sectores críticos a la gestión de seguridad.

Posibles responsables y organizaciones criminales

Aunque la investigación está en curso, ya se barajan nombres de grupos y capos. La Policía vincula preliminarmente al “Tren de Aragua”, una banda venezolana asentada en Bogotá, como responsable; incluso menciona a “alias Maracucho”, supuesto jefe de esa organización en la capital, como presunto autor intelectual del ataque. También se investiga la posible participación de pandillas locales de Santa Fe, como Los Satanás, Los Camilos o Los Boyacos, dedicadas al microtráfico y extorsión en la zona. Una hipótesis sugiere que el atentado podría formar parte de la disputa entre Tren de Aragua y Los Boyacos por controlar el negocio de drogas en el centro de la ciudad. Además, se rastrean comunicaciones recientes: por ejemplo, las autoridades analizan una videollamada amenazante con sujetos armados que recibía el dueño del local unos meses antes del ataque. En resumen, el caso involucra a múltiples estructuras delictivas, con especial atención a la expansión del Tren de Aragua en Bogotá y sus enfrentamientos con bandas locales.

Contexto de violencia en Santa Fe

El barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires) es conocido como una de las mayores “zonas de tolerancia” de Bogotá, donde conviven el comercio nocturno, la prostitución reglamentada y el microtráfico de estupefacientes. Este ambiente ha sido tradicionalmente disputado por bandas que se lucran con extorsiones a comercios, puntos de droga y “parqueadero” de vendedores informales. Informes periodísticos describen cómo desde 2021 se ha agudizado una “guerra” por el control de esas rentas ilegales en Santa Fe: varios grupos criminales (incluidos venecos del Tren de Aragua y pandillas colombianas) se pelean el territorio. El riesgo para vecinos y trabajadores es alto: en 2025 se reportó un repunte de homicidios y enfrentamientos armados en ese corredor comercial del centro. Los habitantes del sector trabajan bajo amenaza constante: se han detectado panfletos intimidatorios en las calles y múltiples denuncias de llamadas extorsivas tanto a este bar Troya como a otros locales aledaños. En la noche del atentado circulaban decenas de clientes y viandantes, lo que generó pánico entre transeúntes y trabajadores de la calle –varios de ellos fueron heridos solo por la explosión en vía pública. Todo esto ocurre en un contexto de alta informalidad y pobreza en el centro de Bogotá, lo que facilita la acción de bandas armadas que aprovechan la debilidad institucional.

Reacciones ciudadanas y críticas políticas

El ataque reactivó las quejas sobre la inseguridad en Bogotá. En medios y redes sociales ciudadanos exigieron acciones contundentes. El concejal Andrés Barrios calificó el atentado de “inadmisible” y advirtió que es “inaceptable” que la ciudad recaiga en el miedo de antaño. Varios líderes opositores y columnistas conservadores recordaron que el alcalde Galán prometió reducir la violencia, pero los indicadores muestran lo contrario: en 2024 los homicidios subieron un 11% (hasta 1.204 casos, la cifra más alta desde 2016) y las denuncias de extorsión crecieron 63%. Organizaciones de análisis urbano señalan que Bogotá enfrenta la inseguridad “con menos capacidades” por falta de apoyo del nivel nacional, pues el gobierno central se ha negado a aumentar el pie de fuerza policial y no existe una estrategia integral contra las bandas armadas. En este sentido, críticos advierten que tanto la alcaldía como el Ejecutivo nacional están quedando desbordados ante la expansión del crimen organizado. Para muchos lectores de medios conservadores, este atentado ilustra la “fragilidad” de la seguridad en las calles bogotanas y refuerza la demanda de mayores inversiones en policía, inteligencia y mano dura contra el delito.

Fuentes: Medios colombianos e internacionales (Infobae, El Tiempo, El Colombiano, SWI Swissinfo) y reportes de ONG locales. Cada dato procede de declaraciones oficiales o investigaciones periodísticas citadas en esos informes.