Granada en Santa Fe: la violencia que el Estado dejó crecer
El reciente atentado con granada en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el gobierno nacional y la administración distrital se niegan a enfrentar con seriedad: la pérdida total del control territorial en zonas dominadas por el crimen organizado.
Según la información preliminar de las autoridades, la primera hipótesis descarta la extorsión como móvil principal del ataque. En su lugar, la investigación apunta a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales que se disputan el control de economías ilegales en la zona, como el microtráfico, la prostitución y otras actividades asociadas al crimen urbano.
El artefacto explosivo fue lanzado en vía pública, en una zona altamente transitada, lo que demuestra el nivel de impunidad con el que operan estas bandas y el desprecio absoluto por la vida de los ciudadanos. Aunque no se reportaron víctimas mortales, el mensaje es claro: los criminales actúan sin temor al Estado.
Santa Fe: un territorio abandonado
El barrio Santa Fe no es un caso aislado. Desde hace años, esta zona del centro de Bogotá se ha convertido en un epicentro de criminalidad, con presencia permanente de redes dedicadas al tráfico de drogas, explotación sexual y control violento del territorio. Pese a las constantes alertas de residentes y comerciantes, la respuesta estatal ha sido reactiva, débil y tardía.
Las autoridades reconocen que en el sector operan grupos delincuenciales organizados, muchos de ellos con vínculos más amplios que superan lo local. Sin embargo, las intervenciones se limitan a operativos esporádicos que no desmantelan las estructuras criminales, sino que apenas las reacomodan.
Este atentado ocurre en medio de un discurso oficial que insiste en minimizar el problema de la violencia urbana y en presentar la criminalidad como un fenómeno “multicausal” que debe tratarse con comprensión social antes que con autoridad. La realidad en las calles desmiente ese relato.
Mientras el gobierno habla de “paz”, los ciudadanos enfrentan granadas en barrios residenciales, zonas completas bajo control criminal y una Fuerza Pública cada vez más limitada por decisiones políticas. La consecuencia es evidente: los delincuentes avanzan, el Estado retrocede.
Cuando el Estado se ausenta, el crimen manda
Lo ocurrido en Santa Fe no es un hecho aislado ni accidental. Es el resultado directo de una política de seguridad sin carácter, de una visión ideologizada que desconfía de la autoridad y que ha debilitado la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
La pregunta ya no es quién lanzó la granada, sino por qué los criminales se sienten lo suficientemente seguros como para hacerlo. Y la respuesta incomoda: porque saben que el Estado no está dispuesto a ejercer control real, ni a imponer orden con determinación. Bogotá y Colombia no necesitan más diagnósticos ni excusas. Necesitan autoridad, presencia institucional permanente y una política de seguridad que ponga del lado correcto a la Fuerza Pública y a los ciudadanos, no a los criminales.
Lo ocurrido en Santa Fe no es un accidente ni un hecho aislado: es el resultado lógico de un gobierno que decidió relativizar el crimen y debilitar la autoridad del Estado. Mientras Petro y su gabinete insisten en discursos complacientes, en las calles de Bogotá hablan las granadas, los ajustes de cuentas y el miedo ciudadano.La llamada “paz total” terminó siendo una tregua unilateral a favor de los criminales, que hoy se sienten con licencia para disputar territorios urbanos a plena luz del día. El mensaje es devastador: el gobierno negocia, los delincuentes avanzan y los ciudadanos quedan en medio, desprotegidos.
Santa Fe es apenas un síntoma. Cuando el poder se ejerce con ideología y no con autoridad, el vacío lo ocupa el crimen. Y mientras Petro siga gobernando desde el relato y no desde el orden, Colombia seguirá pagando el precio de un Estado ausente y una seguridad abandonada.