El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una decisión económica de alto impacto regional: desde el 1.º de febrero, su gobierno aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, ante lo que calificó como una falta de cooperación efectiva por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
De acuerdo con Noboa, el gravamen tendrá carácter temporal, pero se mantendrá vigente hasta que exista un compromiso real y verificable para enfrentar de manera conjunta estas amenazas, con el mismo nivel de firmeza y responsabilidad que —según dijo— hoy asume el Estado ecuatoriano. El mandatario sostuvo que, pese a los intentos de diálogo y cooperación, Ecuador ha tenido que enfrentar prácticamente en solitario a estructuras criminales transnacionales que operan en la zona fronteriza.
“Mientras insistimos en el diálogo, nuestras Fuerzas Armadas continúan enfrentando a grupos vinculados al narcotráfico sin una cooperación equivalente del otro lado de la frontera”, afirmó el jefe de Estado, subrayando el desgaste que esto ha generado para la seguridad nacional ecuatoriana.
Desequilibrio comercial
El anuncio también se produce en un contexto de desequilibrio comercial persistente entre ambos países. Según cifras oficiales, en 2024 Ecuador importó desde Colombia cerca de US$2.160 millones, mientras que las compras colombianas de productos ecuatorianos apenas alcanzaron los US$802 millones, dejando una balanza claramente desfavorable para Quito.
Este desbalance no es reciente. Durante el último año, Ecuador exportó a Colombia apenas 0,38 dólares por cada dólar que importó, lo que confirma una relación comercial asimétrica que, según analistas, se ha sostenido durante varios años dentro del esquema andino.
La medida podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, que ya han atravesado fricciones en el pasado reciente. Aunque ambos países hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y comparten una relación histórica y económica estrecha, la extensa frontera de más de 600 kilómetros continúa siendo un foco crítico por la presencia de grupos armados y redes criminales de alcance transnacional.
Desde el Gobierno ecuatoriano se insiste en que la decisión no busca castigar el comercio, sino ejercer presión para forzar un enfoque serio y coordinado en materia de seguridad. No obstante, sectores empresariales advierten que, de prolongarse la medida, podrían presentarse impactos en la logística, el comercio bilateral y las cadenas de suministro en ambos países.
Un país que paga la improvisación
La decisión del Gobierno ecuatoriano deja en evidencia una realidad que el discurso oficial en Colombia insiste en maquillar: la política de “paz total” y la complacencia del gobierno de Gustavo Petro frente al narcotráfico ya tiene consecuencias internacionales. Mientras otros países asumen con seriedad la defensa de su seguridad y su soberanía, Colombia aparece hoy como un socio poco confiable, incapaz o poco dispuestoa enfrentar con determinación a las estructuras criminales que operan en la frontera.
No se trata únicamente de aranceles ni de comercio. Se trata de credibilidad institucional, de cooperación real y de voluntad política. Cuando un país vecino decide imponer sanciones económicas por falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado, el problema no está afuera: está en un gobierno que relativiza el narcotráfico, debilita a la Fuerza Pública y confunde ideología con responsabilidad de Estado.
El mensaje de Ecuador es claro y debería encender todas las alarmas: la improvisación, la permisividad y el discurso ideológico tienen costos reales. Costos que terminan pagando los productores, los empresarios y los ciudadanos, mientras el gobierno sigue atrapado en su narrativa y se desentiende de las consecuencias. Colombia no necesita más relatos; necesita un Estado que ejerza autoridad, coopere con seriedad y defienda la seguridad nacional sin excusas.