Registros tributarios revelados por Jennifer Pedraza abren un nuevo capítulo en la polémica por los títulos de Juliana Guerrero
Una nueva pieza se suma a la controversia alrededor de los títulos académicos de Juliana Guerrero, joven funcionaria que estuvo a punto de asumir el Viceministerio de Juventudes.
Esta vez, el foco está en los registros tributarios: la Fundación Universitaria San José reportó ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero, pese a que la propia institución ha sostenido que ella nunca cursó estudios allí.
El hallazgo fue dado a conocer por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien revisó bases de datos oficiales y encontró que los pagos consignados a nombre de Guerrero se realizaron después de la fecha en la que, según los diplomas, ya se había graduado.
Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas más tarde.
Una de ellas, del 28 de julio de 2025, corresponde a un pago por un millón de pesos por concepto de derechos de grado en Contaduría. De acuerdo con la congresista, el orden de los cobros resulta inusual: los derechos de grado se habrían cancelado antes incluso de la matrícula, algo que ella calificó como un hecho sin precedentes.
Pedraza expuso estos documentos en redes sociales y aseguró que los pagos habrían sido utilizados para intentar “lavar” o dar apariencia de legalidad a los títulos. También sostuvo que este no sería un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio dentro de la institución.
”¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la dirección de inspección y vigilancia del Ministerio?”, denunció la congresista.
“Supuestamente Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de “graduada” de la siguiente forma: 28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría. 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública. Todos ingresaron a cuentas oficiales de la universidad”, explicó Pedraza, adjuntando las facturas.
Según la representante, algunos de los documentos conocidos tienen fecha posterior a que la investigación se hiciera pública, lo que, a su juicio, refuerza las dudas sobre la autenticidad de los procesos académicos. “Este sería el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula”, afirmó, al cuestionar cómo los pagos aparecen después de la supuesta graduación.
Es importante recordar que las irregularidades en los diplomas habrían impedido la posesión de Guerrero como viceministra, al no cumplir con los requisitos formales del cargo.
Pedraza señaló además que en octubre de 2025 presentó denuncias ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación contra directivas de la Fundación Universitaria San José, sin que hasta ahora se conozcan avances sustanciales.
En paralelo, la congresista anunció nuevas acciones judiciales y pidió la intervención del Ministerio de Educación, así como actuaciones de la Procuraduría por presuntas fallas en la inspección y control. También insistió en que, con las pruebas conocidas, no existirían razones para que Guerrero continúe ocupando cargos directivos en la Universidad Popular del Cesar.
Pedraza anticipó que en los próximos días revelará más información relacionada con lo que ha denominado un “cartel de venta de títulos” en la Fundación Universitaria San José, una denuncia que, según recuerda, viene formulando desde noviembre de 2025.
El cartel de los títulos en la Fundación San José
La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, cuyos beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.
De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación identificó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.
En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.
Los hallazgos muestran que varios de estos títulos fueron utilizados para acceder a contratos y cargos en entidades públicas, algunos de ellos con requisitos explícitos de formación profesional.
Entre las entidades que habrían vinculado a estas personas figuran el SENA, con el mayor número de casos, 10 en total. La Unidad Nacional de Protección, el Invima, el Ministerio de Transporte, la DIAN, el DANE, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Dapre, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Corporación Aeronáutica Colombiana, entre otras.