El Congreso discute actualmente el Proyecto de Ley 193 de 2025 – “Internet Solidario”, presentado por el Ministerio TIC. A simple vista, el título suena atractivo: declarar el internet como derecho fundamental y convertirlo en un servicio público esencial. Sin embargo, detrás del discurso populista, lo que se esconde es un nuevo ataque contra los ciudadanos productivos y la libre empresa en Colombia.
📌 ¿Qué propone este proyecto?
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Obligar a los estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas, a pagar un 30 % adicional en su factura de internet fijo.
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Ese recargo financiaría subsidios de hasta 55 % para estratos bajos, dejando una tarifa de alrededor de 35.000 pesos mensuales.
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El Estado, a través del Ministerio TIC y la CRC, tendría mayor poder para regular, controlar y vigilar el servicio.
En otras palabras: los ciudadanos de estratos medios y altos, así como las empresas que generan empleo y pagan impuestos, serían castigados con un impuesto encubierto para sostener un esquema clientelista.
⚖️ ¿Por qué es problemático?
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Un impuesto disfrazado
El recargo del 30 % no fue tramitado como impuesto en una reforma tributaria, sino camuflado como “contribución solidaria”. Esto vulnera el principio de legalidad tributaria y abre la puerta para que el Gobierno imponga cargas arbitrarias sin pasar por los controles constitucionales. -
Ataque a la clase media y productiva
Los hogares que con esfuerzo alcanzan a estar en estratos 5 y 6 ya soportan altas tarifas de servicios, impuestos nacionales y locales. Este proyecto es un castigo directo contra quienes trabajan, producen y sostienen la economía del país. -
Discriminación y desigualdad
Dividir el costo del internet según estratos sociales va en contra del principio de igualdad. Se convierte en una forma de penalizar a unos ciudadanos solo por el lugar donde viven, desconociendo que muchos hogares de estratos altos también tienen deudas, desempleo y dificultades económicas. -
Más poder para el Gobierno
Al declarar el internet como “servicio público esencial”, el Gobierno se otorga a sí mismo la facultad de intervenir discrecionalmente en las empresas proveedoras, limitando la libre competencia y poniendo en riesgo la estabilidad del sector. -
El riesgo del clientelismo digital
Los subsidios, en teoría destinados a los más vulnerables, podrían terminar siendo manejados con criterios políticos, beneficiando a quienes apoyan al Gobierno de turno. El internet, que debería ser un derecho universal, se convertiría en herramienta de control político.
🔍 Conclusión
El Proyecto de Ley 193 de 2025 no es un avance social: es un nuevo golpe del Gobierno contra la ciudadanía productiva y las empresas privadas. Bajo el disfraz de la “solidaridad”, se impone un impuesto injusto, se profundiza la división social y se abre la puerta a un Estado controlador que utiliza los derechos como excusa para atacar a quienes generan progreso.
El internet debe ser un derecho garantizado, pero no a costa de destruir la igualdad, castigar a la clase media y usar al Estado como un instrumento de control y sometimiento.
Colombia no necesita más populismo, necesita reglas claras, respeto a la Constitución y un verdadero compromiso con la libertad y el desarrollo.